Documentos a los que accedió Concepción al Día revelan el destino previsto de los G. 1.700 millones solicitados por el intendente Celso Cañete a pocos días de abandonar el cargo. La ampliación, aprobada por la Junta Municipal prácticamente sobre tablas y casi sin oposición, contempla G. 600 millones adicionales para personal contratado, G. 500 millones para subsidios a entidades privadas y aumentos para ceremonial, catering y publicidad. Las planillas también presentan inconsistencias numéricas que merecen explicaciones.
La polémica ampliación presupuestaria de G. 1.700 millones solicitada por el intendente de Concepción, Celso Cañete, comienza a mostrar detalles que hasta ahora no habían trascendido. Concepción al Día accedió al pedido oficial y al proyecto de ordenanza que contienen la distribución de los recursos, revelando importantes incrementos en rubros administrativos, contrataciones, subsidios y servicios.
El documento, identificado como Mensaje IM N.º 60/2026, fue remitido el pasado 16 de octubre al presidente de la Junta Municipal, Alfredo Agustín Medina Torres, con las firmas del intendente Celso Enrique Cañete Villalba y del secretario general Gerardo Javier Sanguínez.
La solicitud representa la segunda ampliación presupuestaria impulsada por Cañete en menos de tres meses de administración. Al asumir había solicitado G. 500 millones y ahora, a menos de 15 días de entregar el cargo, consiguió la aprobación de otros G. 1.700 millones, acumulando G. 2.200 millones en ampliaciones.
G. 600 millones más para personal contratado
Uno de los incrementos más importantes corresponde al rubro de servicios personales, específicamente al personal contratado, que recibirá una ampliación de G. 600 millones.
De ese monto, G. 200 millones se destinan a jornales y G. 400 millones a honorarios profesionales.
La documentación examinada no detalla cuántos funcionarios o profesionales serían alcanzados por estos recursos ni especifica si se trata de compromisos pendientes o nuevas obligaciones.
La cifra representa más del 35% de toda la ampliación solicitada y abre interrogantes sobre las necesidades de contratación de una administración que se encuentra en sus últimos días.
G. 500 millones adicionales para entidades privadas
Otro de los puntos más llamativos aparece en el rubro denominado Aportes y Subsidios a Entidades e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.
La partida, que inicialmente contemplaba G. 50 millones, recibe un incremento de G. 500 millones, elevando su disponibilidad presupuestaria a G. 550 millones.
Es decir, el monto previsto para este concepto se multiplica por once.
Sin embargo, en las páginas del proyecto a las que accedió este medio no se identifican las instituciones que recibirían los recursos ni los proyectos o actividades que justificarían semejante incremento.
También se contemplan otros G. 50 millones adicionales para aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro, dentro de las transferencias corrientes.
En conjunto, ambas categorías representan G. 550 millones adicionales para aportes y subsidios, cuyos destinatarios específicos no aparecen individualizados en la documentación disponible.
También hay más dinero para bocaditos, ceremonial y publicidad
La ampliación no se limita a contrataciones y subsidios. También incluye incrementos en servicios que llaman la atención por la proximidad del cambio de autoridades.
El rubro de ceremonial recibe G. 50 millones adicionales y el de catering otros G. 50 millones. Entre ambos conceptos, la disponibilidad presupuestaria pasa de G. 220 millones a G. 320 millones.
Asimismo, se prevén G. 40 millones adicionales para publicidad y propaganda, elevando esa partida de G. 90 millones a G. 130 millones.
Otros G. 20 millones corresponden a servicios técnicos y profesionales varios, mientras que G. 30 millones se distribuyen entre mantenimiento de edificios y reparación de vehículos.
Aunque estos incrementos no significan necesariamente que los recursos ya hayan sido gastados, resulta pertinente conocer qué compromisos o necesidades justifican reforzar estas partidas a tan pocos días de finalizar una administración municipal.
¿De dónde saldrán los G. 1.700 millones?
La Intendencia argumenta que determinadas líneas presupuestarias de ingresos ya habían superado el 100% de ejecución acumulada hasta septiembre, mientras que algunos rubros de gastos se encontraban sin saldo disponible.
Para respaldar la ampliación, el proyecto contempla G. 1.200 millones adicionales provenientes del impuesto inmobiliario y G. 500 millones por venta de activos de capital.
Precisamente, este último concepto genera otra interrogante: ¿qué bienes u operaciones respaldan la previsión de G. 500 millones adicionales por venta de activos?
La documentación examinada no identifica los activos involucrados ni permite establecer si se trata de operaciones ya concretadas o ingresos todavía proyectados.
Por otra parte, la ampliación incorpora G. 360 millones para transferencias al Gobierno Departamental y a municipios de menores recursos, vinculadas a la distribución legal del impuesto inmobiliario.
Planillas con números que no coinciden
La revisión de las planillas también permitió identificar diferencias aritméticas que requieren aclaraciones.
Por ejemplo, en el rubro de jornales figura un presupuesto inicial de G. 1.313 millones y una ampliación de G. 200 millones, pero el monto actualizado aparece como G. 1.433 millones, cuando la suma debería alcanzar G. 1.513 millones.
Otra diferencia se observa en los ingresos de capital, donde se consigna un presupuesto de G. 750 millones, un incremento de otros G. 750 millones y un resultado de G. 1.250 millones. Para alcanzar ese total, el incremento debería ser de G. 500 millones, como figura en el desglose de venta de activos.
Estas diferencias podrían responder a errores de elaboración de las planillas, pero resulta necesario aclararlas mediante la documentación presupuestaria definitiva.
Aprobación casi sin oposición
Pese a la magnitud del pedido y al escaso tiempo restante de mandato, la Junta Municipal aprobó la ampliación por diez votos a favor y apenas dos en contra.
Los concejales Federico Krauer y Patricia Coronel fueron los únicos que se opusieron, según lo informado durante el tratamiento del expediente.
Krauer cuestionó que la actual Junta prácticamente ya no tendrá tiempo para fiscalizar el destino de los recursos y consideró que una decisión de esta naturaleza debía quedar a cargo de las nuevas autoridades.
Por su parte, el concejal electo Mauricio Centurión calificó de llamativa la solicitud y sostuvo que correspondía analizar una reprogramación presupuestaria antes que recurrir nuevamente a una ampliación.
También cuestionó la rapidez de la aprobación y planteó la necesidad de revisar técnicamente la situación financiera de la Municipalidad.
Una despedida con MILLONES de preguntas
Los documentos no demuestran que los G. 1.700 millones ya hayan sido desembolsados ni que necesariamente deban ejecutarse antes de la salida del intendente. La autorización corresponde al ejercicio fiscal 2026 y podría tener efectos durante la administración entrante.
Sin embargo, el contenido del pedido permite plantear interrogantes sobre las prioridades presupuestarias y la oportunidad de aprobar semejante ampliación en pleno proceso de transición municipal.
Solo entre personal contratado y subsidios de capital a entidades privadas se concentran G. 1.100 millones, equivalentes a casi el 65% de los recursos adicionales solicitados.
La cuestión de fondo no es únicamente cuánto dinero pidió Celso Cañete, sino qué necesidades concretas justifican esos incrementos, quiénes serán sus beneficiarios y qué mecanismos de control garantizarán su correcta utilización.
A menos de dos semanas de entregar la Intendencia, Cañete obtuvo el respaldo mayoritario de una Junta Municipal que prácticamente no ofreció resistencia a su último pedido presupuestario.
Ahora queda pendiente lo fundamental: conocer con precisión a dónde irá cada guaraní de esta millonaria ampliación y exigir una rendición de cuentas que despeje las dudas antes y después del cambio de autoridades.