El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rectificó una resolución anterior y dispuso el embargo preventivo de la mansión ubicada en San Bernardino, que figura a nombre del expresidente Santiago Peña Palacios y de su esposa, Leticia Ocampos de Peña. La medida alcanza hasta cubrir la suma de G. 3.608.550.782.201.
monto de G. 3,6 billones.”
La decisión fue adoptada luego de un pedido de rectificación presentado por el Ministerio Público, tras detectarse un error en la identificación de los inmuebles afectados por una resolución anterior. En aquella oportunidad, se había ordenado el embargo de ocho propiedades de San Bernardino que figuraban a nombre de José Luis Módica Alsina.
La defensa de Peña, encabezada por el abogado Ricardo Preda, también había presentado un escrito ante el juzgado para señalar el error en la medida cautelar.
Con la nueva resolución, el magistrado dejó sin efecto lo dispuesto el 10 de noviembre y ordenó la prohibición de innovar y contratar, además del embargo preventivo sobre el inmueble ubicado en San Bernardino, que cuenta con una superficie de 5.012,07 metros cuadrados.
Según la documentación presentada ante el juzgado, la propiedad fue adquirida por Santiago Peña y Leticia Ocampos mediante escritura pública del 2 de diciembre de 2025, celebrada ante el escribano Víctor José Coronel Villalba. La operación se realizó a través de una compraventa de la firma Ruser Group S.A. a favor del matrimonio.
En los fundamentos de la resolución, el juez menciona que la imputación fiscal contiene elementos de sospecha que vincularían el inmueble con el circuito de operaciones investigadas en torno a Ueno Bank S.A. La investigación analiza presuntas irregularidades relacionadas con la recepción de depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, así como el otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, estas operaciones se habrían realizado con la cooperación previa y directa del entonces presidente Santiago Peña, quien presuntamente habría utilizado su posición institucional para promover o influir en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos en la entidad financiera.
Con estos argumentos, el juzgado dispuso las medidas cautelares sobre la propiedad mientras continúa el proceso judicial.
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