Lourdes Lezcano, una madre que vive en Punta Pinedo (San Francisco) de Concepción junto a su hijo de cinco años, ha denunciado la grave situación de carecer de acceso a agua potable durante los últimos tres años. Responsabiliza a la Comisión de la Junta de Saneamiento por la negativa y pide intervención de las autoridades.
Lourdes ha expresado su frustración al afirmar que, pese a sus esfuerzos por obtener acceso al suministro de agua, la presidenta de la Comisión de Saneamiento del barrio, Ramona Hidalgo, ha negado su solicitud bajo el argumento de que su vivienda pertenece a otro barrio. Esta situación ha llevado a Lezcano y su hijo a depender de la solidaridad de sus vecinos o a buscar fuentes alternativas para obtener agua, lo que no solo afecta su calidad de vida, sino que también representa un riesgo para su salud.
A pesar de que ha recurrido a la defensoría para buscar una solución, hasta el momento no ha recibido respuesta. «Ya hablé con la con la Ptde. de la comisión Ramona Hidalgo, también con el Intendente y hasta recurrí a la Defensoría, pero no tengo respuestas» señaló Lezcano.
Respuesta de la Comisión de Saneamiento
En respuesta a la denuncia de Lezcano, Ramona Hidalgo ha aclarado que el problema no reside en una negativa de la Comisión, sino en las limitaciones técnicas del sistema de agua en el asentamiento San Francisco, donde la capacidad del tanque actual, que debe servir a 180 usuarios, es insuficiente para extender el servicio a más familias que no son del asentamiento, tal como es el caso de Lourdes.
Hidalgo argumenta que la situación debe ser entendida en el contexto de recursos limitados, y ha señalado que la Comisión necesitaría un tanque de 20 mil litros para poder satisfacer la demanda de agua y así incluir a más vecinos en el suministro. No obstante, no ocultó su molestia contra la mujer que supuestamente no habló con la comisión y sí llegó a denunciar el hecho en la intendencia.
Este caso subraya la importancia de la gestión y planificación de recursos hídricos en zonas que enfrentan un crecimiento demográfico y necesidades crecientes. Es esencial que las autoridades competentes tomen medidas para resolver estas limitaciones y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso al agua potable, un derecho humano fundamental.