El grupo de manifestantes que reclaman la intervención de la Municipalidad de Concepción y la renuncia del intendente Alejandro Urbieta enumeraron una serie de situaciones que ameritan la intervención de la sede comunal, de acuerdo con varios documentos e informes recabados.
Los indignados, que ya llevan más de cuatro meses protestando y llevando a cabo manifestaciones de repudio, acusaron a Urbieta de vender el puerto Nanawa por USD 700.000, pese a que el acuerdo conciliatorio con el Ministerio de Defensa prohibía venderlo. El dinero fue usado para pagar préstamos y salarios, según expresaron. Recordaron el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información mediante notas, motivo por el que el jefe comunal está imputado y hay otro recurso de amparo en la Justicia.
Los manifestantes señalaron además que el jefe comunal “no abona a la Caja de Jubilaciones, según lo establecido por ley”; es decir, descuenta a los funcionarios sus aportes y no realiza el pago correspondiente. De esta forma, los funcionarios no pueden jubilarse. Mencionaron que por esta razón, Urbieta ha sido imputado, procesado e incluso sufrió arresto domiciliario durante diez días.
Otro de los motivos para una eventual intervención municipal es que el balance general no refleja la deuda real ni de la Municipalidad ni la de los deudores reales, según los documentos arrimados por los ciudadanos.
Acotaron que existen deudores que figuran varios años consecutivos con el mismo monto, pese a que ya fueron pagados y cancelados. Expresaron que el mismo Ejecutivo reconoció que hubo errores técnicos en el balance.
En cuanto a la ejecución de obras a través de comisiones vecinales, de empedrados, desagües cloacales e instalaciones eléctricas, los manifestantes recordaron que estos no cuentan con contrato u orden de servicio, según informe de Contraloría. Otra de las irregularidades según mencionaron, es la mala administración de los fondos del subsidio de la escuela taller, subvencionada por la Aecid.
Fuente: Ultima Hora