Gimena Romero, pobladora del barrio San Roque de Belén, denunció haber sido desalojada este viernes de una vivienda social perteneciente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), anteriormente SENAVITAT.
Según relató, ocupaba el inmueble desde hace un año en calidad de inquilina de la adjudicataria, Eulalia Núñez, quien residía en España y le alquilaba la casa por G. 500.000 mensuales.
Romero afirmó que durante una verificación realizada por técnicos del MUVH recibió un certificado que, según su versión, la acreditaba para continuar con el proceso de permanencia en la vivienda, debido a que la beneficiaria original no residía en el inmueble. Sin embargo, señaló que Núñez regresó recientemente al país y, con acompañamiento policial, procedió al desalojo sin previo aviso.
El caso reabre el debate sobre el uso de las viviendas sociales. La normativa del MUVH establece que las casas construidas con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) deben ser habitadas por los beneficiarios y su grupo familiar, y prohíbe expresamente su alquiler, venta, cesión o transferencia durante los primeros diez años. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la rescisión de la adjudicación y la pérdida del beneficio.
Hasta el momento, el MUVH no se ha pronunciado sobre este caso, ya que es un caso muy reciente.
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