La viralización de un video en el que dos jóvenes realizaron la maniobra conocida como “wheelie” sobre la Ruta PY22, sumado al reciente caso de un niño de 5 años arrollado en el barrio Santo Domingo de Guzmán, generó fuerte preocupación en la ciudadanía y llevó a que autoridades municipales y de tránsito se pronuncien sobre la necesidad de reforzar los controles.

El concejal municipal Félix Ibáñez expresó que estas conductas no solo ocurren en rutas, sino también en barrios de Concepción. Recordó que hace pocos días un niño de 5 años fue arrollado en el barrio Santo Domingo en un hecho vinculado a este tipo de piruetas. “Ya es la tercera vez que convocamos al director de Tránsito para que disponga a los policías municipales en controles de ordenamiento, pero no recibimos respuestas”, señaló. Agregó que desde la Junta Municipal impulsarán una minuta para que en noviembre y diciembre se realicen controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, priorizando la presencia activa de los agentes de tránsito.
Por su parte, el jefe de la división de la PMT, Críspulo Mareco, sostuvo que el Ministerio Público puede actuar de oficio para imputar a los responsables, especialmente cuando se trata de mayores de edad. Explicó que en ocasiones anteriores lograron reducir estas prácticas mediante un trabajo coordinado con el Grupo Lince, dado que se trata de grupos de entre 10 a 15 motociclistas organizados. “Son jóvenes, muchos de ellos menores, que se reúnen para hacer apuestas con estas maniobras. Si no hay controles, vuelven a aparecer en las avenidas y en rutas cercanas”, afirmó.

Mareco también pidió la colaboración ciudadana para identificar a los conductores y propietarios de los biciclos, a fin de notificar y sancionar a los responsables. “Muchas veces recibimos denuncias de comisiones vecinales y procedemos a notificar al propietario del vehículo, porque en la mayoría de los casos son menores. Cuando el conductor es mayor, corresponde la imputación directa”, aclaró.
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Las autoridades coincidieron en que la falta de controles efectivos y la reincidencia de estos grupos generan un riesgo latente en la ciudad. Tanto Ibáñez como Mareco subrayaron la necesidad de una respuesta más firme para frenar la proliferación de estas prácticas temerarias que ponen en peligro la vida de terceros.