El traslado del fiscal antidrogas de Pedro Juan Caballero, Celso René Morales, genera cuestionamientos por coincidir con una denuncia que presentó contra un presunto esquema de falsificación de documentos y blanqueo de vehículos robados.
Morales fue trasladado este martes a la Unidad Penal de Horqueta, en el departamento de Concepción, luego de que el pasado viernes denunciara ante la Fiscalía General la presunta utilización irregular de su sello y firma en documentos judiciales.
Según la denuncia, su firma habría sido falsificada y su sello utilizado en el año 2023 para la elaboración de documentos relacionados con vehículos, pese a que en ese periodo el fiscal se encontraba cumpliendo funciones en el departamento de Amambay.
La denuncia apunta a la posible participación de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, por lo que solicitó una investigación para identificar a los responsables.
Sin embargo, días después de la presentación, la Fiscalía General dispuso una serie de movimientos y cambios de unidades, entre ellos el traslado de Morales a Horqueta, situación que resulta llamativa por la proximidad temporal con la denuncia.
Denuncia salpica a funcionarios judiciales
El caso forma parte de una denuncia más amplia sobre una presunta red de corrupción institucional en la Circunscripción Judicial de Concepción, que involucraría a una exmagistrada, una actuaria, un fiscal y otras personas.
De acuerdo con la denuncia, el supuesto esquema consistía en otorgar vehículos de alta gama, presuntamente robados en Brasil, en carácter de depositarios judiciales a efectivos de la Policía Nacional y agentes de la SENAD.
Uno de los casos salió a la luz tras un procedimiento realizado en Fernando de la Mora, donde fue demorado el suboficial policial José Antonio Grance, quien circulaba al mando de una camioneta Toyota Fortuner, año 2019.
El vehículo llevaba la matrícula WHFZ 868, que, según los registros, correspondería a otra camioneta con un número de chasis diferente.
Al ser requerido sobre el origen del rodado, el uniformado presentó una resolución judicial, el Auto Interlocutorio N.º 256, mediante el cual supuestamente se le otorgaba la custodia del vehículo.
Sin embargo, al verificar el documento en el sistema Judisoft y en los archivos físicos, se habría constatado que el A.I. N.º 256 correspondía en realidad a una orden de allanamiento dictada en otra causa, relacionada con robo agravado y toma de rehenes.
Además, según la denuncia, en el expediente original no existía un acta de incautación de la camioneta ni registros de que el vehículo apareciera en las cámaras de seguridad incorporadas a la causa.
Presunto patrón de irregularidades
La revisión de expedientes habría permitido detectar situaciones similares en al menos otros cuatro casos.
Entre las irregularidades señaladas figuran vehículos sin antecedentes de importación o inscripción formal en Paraguay, según reportes del Registro Unificado Nacional y del sistema SOFIA de Aduanas.
También se detectaron resoluciones judiciales que, según la denuncia, no fueron asentadas en las oficinas correspondientes ni contaban con respaldo en el sistema de gestión jurisdiccional.
Otro elemento señalado es la utilización de chapas presuntamente apócrifas o clonadas, correspondientes en algunos casos a otros vehículos registrados legalmente a nombre de terceros.
La denuncia plantea así la posible existencia de un mecanismo para introducir y poner en circulación vehículos de procedencia presuntamente ilícita mediante resoluciones judiciales irregulares.
Ahora, el traslado del fiscal Celso René Morales, quien precisamente denunció la presunta falsificación de su firma y sello, añade un nuevo elemento al caso y genera interrogantes sobre las circunstancias y oportunidad de la decisión administrativa.
Corresponde a las autoridades competentes determinar si existió alguna relación entre la denuncia presentada por el fiscal y los cambios dispuestos posteriormente por la Fiscalía General.