Comerciante asegura que le exigieron G. 15 millones para frenar allanamiento que finalmente se realizó y no arrojó irregularidades

Un fuerte caso que pone bajo la lupa a un procedimiento fiscal sacude a la ciudad de Concepción, luego de que el propietario del Supermercado S&M, Ever Blanco, denunciara públicamente un presunto intento de extorsión vinculado directamente con un allanamiento realizado en su local comercial.
De acuerdo con el testimonio del comerciante, el martes 28 de abril recibió una llamada de una persona que se presentó como integrante del departamento de lucha contra el abigeato. Durante la comunicación, el supuesto agente le advirtió sobre un inminente operativo fiscal y le propuso “arreglar” la situación, solicitándole posteriormente la suma de 15 millones de guaraníes para evitar el procedimiento.
Lejos de acceder al pedido, Blanco afirmó que rechazó la propuesta y decidió esperar el eventual allanamiento, confiado en la legalidad de sus operaciones. “No tengo nada que esconder, trabajo en regla y con todas las documentaciones al día”, sostuvo, remarcando que su empresa cumple con exigencias tributarias, sanitarias y laborales.

Sin embargo, lo más llamativo del caso se produjo al día siguiente. El miércoles 29 de abril, cerca de las 14:30, agentes del Ministerio Público y efectivos policiales llegaron al supermercado con una orden de allanamiento, encabezados por el fiscal Meiji Jesús Sebastián Udagawa Insaurralde. Cabe mencionar que el citado agente fiscal fue recientemente trasladado a Concepción, cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos en otros departamentos del país. Este antecedente agrega un elemento de controversia al caso, que ya genera preocupación en el ámbito comercial y ciudadano ante la denuncia de un presunto intento de extorsión vinculado al operativo.
Según denunció el propietario, el procedimiento se llevó a cabo sin que se encontraran irregularidades ni evidencias que respalden las acusaciones de supuesto vínculo con hechos de abigeato. Durante la intervención, Blanco puso a disposición toda la documentación respaldatoria de sus productos, incluyendo registros de compra y certificaciones exigidas por los entes de control.
El comerciante también reveló que entregó al fiscal el número telefónico desde el cual recibió la llamada extorsiva, con el objetivo de que se investigue si existe alguna conexión entre el intento de “apriete” y el operativo realizado. Paralelamente, confirmó que ya inició acciones legales mediante una denuncia formal.
El caso genera preocupación en el sector comercial local, atendiendo a la gravedad de las acusaciones y a la posible utilización de procedimientos oficiales como mecanismo de presión. Mientras tanto, Blanco insiste en que se esclarezca lo ocurrido y se identifique a los responsables.
“Es la primera vez que me pasa algo así. Queremos que esto se investigue y se llegue hasta el fondo”, expresó.
