La fiscal Carolina Quevedo confirmó que la mujer asesinada en el barrio San Antonio no estaba embarazada. El presunto autor enfrenta prisión preventiva, ya cuenta con orden de remisión a la penitenciaría y se expone a una condena de hasta 30 años de cárcel.
Tras el crimen, el cuerpo de Liz Antonia Salinas, de 25 años, fue enviado a la morgue judicial de Asunción como parte del protocolo de investigación penal adoptado a nivel latinoamericano en casos de feminicidio. La fiscal de la causa, Carolina Quevedo Lailla, informó que lo del embarazo quedó descartado y explicó: “Se han tomado muestras a los efectos de ver si podemos encontrar rastros de ADN en las uñas de la víctima; el resultado estaría aproximadamente en 30 días”. El sepelio se realizó ayer en medio del dolor de familiares, allegados y vecinos.
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Durante la autopsia se detectaron heridas en ambas manos, compatibles con un mecanismo de defensa, además de lesiones que evidencian ensañamiento. La fiscal recordó que el presunto autor, Diego Borja Ramírez, de 35 años, contaba con tres órdenes de exclusión del hogar por denuncias de violencia familiar. “Las evidencias de violencia previa que hemos encontrado fueron sobre denuncias que ella presentó en la fiscalía y en el juzgado de paz; en el juzgado de paz fue excluido tres veces”, puntualizó. Actualmente el procesado se encuentra internado en el Hospital Regional de Concepción y, tras recibir el alta médica, será trasladado de forma inmediata a la penitenciaría, ya que sobre él pesa una orden de remisión y una medida de prisión preventiva que podría derivar en una condena de hasta 30 años de cárcel.
Respecto a las hijas de la víctima, de 3 y 6 años, estas quedaron al cuidado de los abuelos paternos, una decisión cuestionada por los familiares maternos. La fiscal explicó que la Defensoría de la Niñez es la institución encargada de resolver con quién quedarán las menores, y que su unidad aún no fue notificada oficialmente sobre el caso.