El Estado paraguayo fue condenado a pagar una indemnización de G. 221.807.288, más intereses, a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que permaneció privado de su libertad durante 22 meses por un caso de robo agravado, pese a ser inocente.
La sentencia fue dictada por la jueza civil Rossana Elizabeth Frutos Olguín, quien hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por la defensa, tras comprobarse un error judicial que derivó en la privación ilegítima de libertad del afectado.
Romero estuvo detenido entre abril de 2019 y febrero de 2021. El proceso penal en su contra concluyó con el retiro de la acusación fiscal y su sobreseimiento definitivo, luego de confirmarse que ni siquiera se encontraba en el país al momento en que ocurrió el hecho investigado.
El fallo también establece un interés del 2,4% mensual desde noviembre de 2022, cuando se inició la acción judicial, lo que eleva el monto total a cerca de G. 228 millones.
Según la resolución, el monto indemnizatorio incluye G. 71.807.288 por lucro cesante —calculado en base a un jornal por cada uno de los 664 días de reclusión— y G. 150 millones por daño moral.
Durante el proceso, la Procuraduría General de la República planteó una excepción de falta de acción, alegando que la responsabilidad correspondía a los agentes fiscales y jueces intervinientes. Sin embargo, la magistrada rechazó este argumento y determinó que el Estado debe responder por el daño causado.
Romero sostuvo que su detención fue arbitraria y basada únicamente en un parte policial, sin pruebas contundentes ni reconocimiento por parte de la víctima. Además, relató las condiciones adversas que enfrentó durante su reclusión, en un sistema penitenciario donde —según afirmó— conviven procesados y condenados sin distinción.
El sobreseimiento definitivo fue resuelto por los magistrados Víctor Hugo Alfieri, Darío Báez Ferreira y María Luz Martínez Vázquez, quienes admitieron el retiro de la acusación fiscal.
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