Un grupo de estudiantes que culminó la carrera de Licenciatura en Educación Escolar Básica denunció que el Instituto San Expedito, de la ciudad de Horqueta, habría ofrecido formación académica sin contar con el reconocimiento correspondiente. Las afectadas aseguran haber invertido alrededor de G. 30 millones cada una durante cuatro años de estudios y reclaman avances en una denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Un grupo de egresadas del Instituto San Expedito, ubicado en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, hizo pública una denuncia por una presunta estafa educativa que afecta a estudiantes de distintas promociones. Las denunciantes aseguran que, pese a haber completado sus estudios, cumplido con los requisitos académicos y defendido sus tesis a finales de 2023, hasta la fecha no recibieron sus títulos profesionales.
Carmen Acosta, una de las afectadas y representante de sus compañeras, señaló que la institución se encuentra bajo la dirección de María Estelvina Godoy Alvarenga, a quien responsabilizan por la situación que atraviesan.
Según explicó, las irregularidades fueron descubiertas cuando las propias estudiantes acudieron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para averiguar por qué sus títulos no eran expedidos.
De acuerdo con su testimonio, en dicha dependencia les informaron que la institución no contaría con el reconocimiento necesario para ofrecer la carrera que cursaron y que su directora solamente tendría habilitación para actividades relacionadas con danza.
“Nosotros terminamos hace tres años y todavía no poseemos títulos. Nos fuimos al ministerio y ahí nos dijeron que el instituto no está reconocido”, manifestó Acosta.
La denunciante sostuvo que las estudiantes completaron todas las exigencias académicas, incluyendo trabajos, evaluaciones y defensa de tesis, sin recibir posteriormente una explicación satisfactoria sobre la falta de documentación.
Invirtieron alrededor de G. 30 millones por estudiante
Por su parte, María Julia Rivas, otra de las egresadas afectadas, explicó que cursaron durante cuatro años la Licenciatura en Educación Escolar Básica y defendieron sus tesis el 29 de diciembre de 2023.
Según relató, cada estudiante habría invertido aproximadamente 30 millones de guaraníes durante el proceso de formación, entre pagos y otros gastos relacionados con la carrera.
Rivas mencionó que la defensa de tesis se desarrolló ante una mesa examinadora integrada por tres personas y que Andrea Lescano se desempeñó como tutora académica.
Sin embargo, pese a haber concluido el proceso formativo, las egresadas aseguran que no cuentan con títulos ni registros documentales que acrediten oficialmente sus estudios.
La situación también representa un obstáculo para continuar su formación profesional. Rivas explicó que permanece a la espera de su título para poder iniciar otras carreras.
“Siempre nos dicen que el ministerio o cualquier otra excusa, pero hasta ahora no tenemos título ni tampoco registro de algún documento”, expresó.
Denuncia presentada ante la Fiscalía de Horqueta
Ante la falta de respuestas, las afectadas decidieron recurrir al Ministerio Público y formalizar una denuncia contra la responsable de la institución.
Según Carmen Acosta, la causa se encuentra en la Unidad Fiscal N.º 2 de Horqueta, a cargo de la fiscala Claudia María Huespe.
La denunciante afirmó que sus representantes legales, Rubén Darío Guachire y Alexis Martínez, ya presentaron elementos probatorios y solicitaron la imputación de María Estelvina Godoy Alvarenga.
Entre las evidencias mencionadas figuran comprobantes de pagos, contratos privados y conversaciones mantenidas con la directora del establecimiento.
No obstante, Acosta cuestionó la falta de avances que, según sostiene, registra la investigación, señalando que hasta el momento no se habría concretado la imputación solicitada.
Las denunciantes esperan que el Ministerio Público avance en el esclarecimiento de los hechos y determine las eventuales responsabilidades penales.
Advierten que habría afectados de varias promociones
Aunque las entrevistadas señalaron que actualmente son alrededor de ocho las egresadas que impulsan el reclamo, advirtieron que la cantidad de personas perjudicadas podría ser considerablemente mayor.
Según sus declaraciones, existirían estudiantes de diferentes promociones que todavía no se animaron a denunciar públicamente su situación.
Además de la Licenciatura en Educación Escolar Básica, mencionaron carreras vinculadas con profesorado, educación física y enfermería, aunque aclararon que no cuentan con información completa sobre la situación administrativa de cada una.
Rivas reconoció que la institución habría entregado títulos anteriormente, pero sostuvo que numerosas egresadas continúan sin obtener sus documentos académicos.
Otro aspecto que genera preocupación entre las denunciantes es que, según afirmaron, el establecimiento continúa desarrollando sus actividades con normalidad, pese a los cuestionamientos y a la denuncia presentada.
Solicitan intervención de autoridades departamentales y nacionales
Ante la incertidumbre sobre su futuro profesional, las egresadas hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y acompañen el caso.
María Julia Rivas solicitó expresamente el apoyo de la gobernadora de Concepción, Dra. Liz Meza, y del diputado nacional Arturo Urbieta, con el objetivo de encontrar una solución que permita esclarecer la situación académica de las afectadas.
Las estudiantes consideran que, además de las pérdidas económicas, el caso representa un perjuicio para sus oportunidades laborales y de formación, debido a que no pueden acreditar oficialmente los estudios que aseguran haber completado.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y fiscalización de las instituciones que ofrecen formación académica, así como sobre la protección de los estudiantes que invierten años de esfuerzo y recursos económicos en obtener una profesión.
Por el momento, las acusaciones sobre la falta de habilitación y las presuntas irregularidades corresponden a las declaraciones de las denunciantes. Quedan pendientes la confirmación oficial de los organismos educativos competentes, los avances de la investigación fiscal y la versión de María Estelvina Godoy Alvarenga, señalada como responsable de la institución.
Mientras tanto, las egresadas continúan reclamando respuestas, casi tres años después de haber defendido sus tesis, con la incertidumbre de no saber cuándo podrán acceder a los títulos por los que estudiaron durante cuatro años.