Siete egresadas de la carrera de Licenciatura en Educación Escolar Básica denunciaron por presunta estafa a la directora del Centro Educativo San Expedito, sede Horqueta, María Estelvina Godoy Alvarenga, por la falta de entrega de sus títulos universitarios, pese a que aseguran haber culminado sus estudios y abonado todos los aranceles correspondientes.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, las afectadas iniciaron la carrera en el año 2020 y finalizaron el periodo académico en diciembre de 2023. Sin embargo, sostienen que, tras casi tres años de espera, aún no recibieron los títulos que les permitirían ejercer formalmente la profesión docente.
Las denunciantes afirman que pagaron durante cuatro años las cuotas mensuales, los aranceles correspondientes a la tutoría y defensa de tesis, además de los montos establecidos para la expedición de los títulos. Según el escrito, cada una habría abonado aproximadamente G. 30 millones.
Ante la falta de respuesta, el 27 de junio de 2026 firmaron un acuerdo privado extrajudicial ante una escribana pública. En el documento, según las denunciantes, la directora se comprometió a gestionar la entrega de los títulos en un plazo de 90 días, más cinco días de gracia, que venció el 30 de septiembre de este año. También habría asumido el compromiso de devolver el dinero abonado en caso de incumplimiento.
Las afectadas señalan que, durante posteriores reuniones, la responsable del instituto atribuyó las demoras a trámites ante universidades y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). No obstante, tras realizar consultas ante el Viceministerio de Educación Superior, aseguran que fueron informadas de que no existían trámites de titulación en curso a nombre de las egresadas, ni gestionados por el instituto ni por las universidades mencionadas en la denuncia.
Ante esta situación, las siete mujeres solicitan que la Fiscalía investigue el caso por el supuesto hecho punible de estafa, incorpore a otras posibles víctimas y convoque a declarar a los testigos propuestos. Asimismo, piden que se convoque a la denunciada y se formule imputación formal, además de solicitar medidas cautelares.
Las denunciantes sostienen que la falta de los títulos les impide acreditar su formación profesional, acceder a oportunidades laborales y participar en concursos de méritos. También solicitan que se investigue la posible participación de otras personas en los hechos denunciados.
La denuncia se encuentra planteada ante el Ministerio Público y corresponde a la Fiscalía determinar las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación. Hasta el momento, el escrito presentado por las afectadas constituye una denuncia y no una determinación judicial sobre la responsabilidad de la persona señalada.
