Los responsables del establecimiento aseguran que cuentan con permisos municipales y denuncian constantes reclamos que dificultan su actividad. El vecino afectado, un hombre de 86 años, sostiene que no busca impedirles trabajar, sino evitar molestias que, según afirma, afectan a su vivienda y a su salud.
Un conflicto vecinal generado por el funcionamiento de un lavadero y una gomería ubicados sobre la calle Romualdo Irigoyen, en el barrio San Antonio de Concepción, derivó en intervenciones de funcionarios municipales, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e incluso de la Policía Nacional.
Cynthia Figueredo, hermana del propietario del establecimiento, manifestó que el negocio fue habilitado hace aproximadamente seis meses y que los inconvenientes comenzaron apenas tres días después de su apertura. Según explicó, uno de los primeros reclamos señalaba que durante el lavado de vehículos el agua salpicaba hacia la pared de la propiedad vecina.
Figueredo aseguró que, ante esta situación, realizaron modificaciones en el lugar, levantando el quinchado y colocando chapas para evitar que el agua llegara hasta la vivienda contigua. Posteriormente, dijo, recibieron otro pedido relacionado con la máquina utilizada en el lavadero, por lo que también procedieron a instalar una estructura de protección.
Sin embargo, el conflicto continuó y el caso llegó posteriormente hasta el MADES. De acuerdo con la versión de Figueredo, funcionarios de la institución realizaron una verificación y les comunicaron que necesitarían gestionar una licencia ambiental, cuyo trámite, según afirmó, representaría un costo aproximado de G. 10 millones. La mujer sostuvo además que el establecimiento cuenta con los permisos otorgados por la Municipalidad.
Por su parte, Hugo Ramírez, trabajador del lugar, pidió que se les permita continuar desarrollando sus actividades con normalidad, argumentando que un eventual cierre afectaría directamente su fuente de trabajo. También señaló que, en caso de ser obligatoria una licencia ambiental para este tipo de establecimientos, la exigencia debería aplicarse de manera general a los lavaderos que se encuentren en condiciones similares.
El vecino también dio su versión
La otra parte involucrada es Zacarías Cabrera, de 86 años, quien conversó sobre la situación, aunque finalmente no brindó una entrevista formal ante el pedido de su hijo.
Cabrera rechazó las acusaciones de que pretenda impedir el funcionamiento del negocio y sostuvo que su reclamo apunta a que el establecimiento pueda trabajar sin generar molestias hacia su propiedad. Según su versión, el agua utilizada en el lavadero llegaba hasta su pared y el motor empleado para las tareas se encuentra próximo a su habitación.
El hombre manifestó además preocupación por los posibles efectos que el ruido y los productos utilizados para el lavado podrían generar tanto en él como en su esposa, de 83 años. A su vez, afirmó que se siente amedrentado por sus vecinos, presentando así una versión contrapuesta a la expuesta por los responsables del establecimiento.
El caso evidencia un conflicto vecinal que, tras varios meses, fue escalando hasta involucrar a distintas instituciones. Mientras los responsables del lavadero reclaman poder preservar su fuente de trabajo, el vecino sostiene que su intención no es impedir la actividad comercial, sino conseguir que se desarrolle sin afectar su tranquilidad, su vivienda y su bienestar.