Un grupo de egresados de distintas carreras de la Universidad UNASUR, filial Concepción, denunció que se les exige el pago de G. 2 millones adicionales para acceder a sus títulos universitarios. La entrega de los documentos se realizaba en una vivienda particular del barrio Monte Alegre.
Un grupo de egresados de distintas carreras de la Universidad UNASUR, filial Concepción, denunció una exigencia de pago de G. 2 millones para acceder a sus títulos universitarios, situación que generó malestar entre los afectados, quienes aseguran haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos por la institución.
La denuncia fue realizada por Teresita Cañete, integrante de la primera promoción de egresados de la carrera de Enfermería de la universidad, quien explicó que profesionales de distintas carreras culminaron sus estudios, defendieron sus tesis y participaron de los actos de graduación desarrollados durante el año pasado, pero hasta la fecha continúan enfrentando dificultades para obtener los documentos que acreditan la conclusión de sus carreras.
Según relató, en aquella ocasión la rectora de la institución, Prof. Mirta Reyes, actual precandidata a concejal de Asunción por el movimiento Honor Colorado, participó de la ceremonia de graduación y encabezó la entrega de certificados a los egresados. Sin embargo, afirmó que los documentos entregados durante aquel acto no correspondían a los títulos universitarios definitivos.
De acuerdo con la denunciante, desde febrero comenzaron las consultas sobre la expedición de los títulos debido a que numerosos egresados necesitaban la documentación para acceder a empleos, concursos o ascensos laborales. No obstante, aseguró que durante varios meses recibieron diferentes explicaciones sobre la demora en la entrega.
Conflicto entre la administración local y la rectora
Según relató Teresita Cañete, el origen del problema se remonta a un conflicto surgido entre la rectora de la universidad, Prof. Mirta Reyes, y los anteriores responsables de la filial Concepción, encabezados por Rubén Navarro. De acuerdo con la versión de la denunciante, ambas partes habían firmado inicialmente un acuerdo mediante el cual el 30% de los ingresos correspondería a la rectora y el 70% a la administración local.
Sin embargo, sostuvo que posteriormente, al incrementarse la cantidad de alumnos matriculados, la rectora habría cuestionado dicho acuerdo y pasado a reclamar una distribución del 50% de los ingresos, alegando que el contrato anterior carecía de validez. Según Cañete, a partir de ese momento comenzaron los desacuerdos que terminaron afectando el proceso de expedición de los títulos universitarios.
La egresada afirmó además que la rectora habría argumentado la existencia de requisitos pendientes relacionados con actividades de extensión universitaria, situación que, según los denunciantes, no correspondía debido a que los estudiantes ya habían culminado sus carreras, defendido sus tesis y participado de los actos de graduación.
De acuerdo con la denunciante, ante la presión ejercida por los egresados para obtener sus títulos, los anteriores responsables de la filial habrían asumido compromisos económicos adicionales con el objetivo de destrabar la situación. No obstante, aseguró que pese a ello los inconvenientes continuaron y actualmente los afectados denuncian la exigencia de un pago de G. 2 millones para acceder a sus documentos académicos.
De acuerdo con la versión de los denunciantes, actualmente se está exigiendo el pago de G. 2 millones para retirar los títulos universitarios. Señalaron que dicho monto estaría vinculado a un programa de Didáctica Universitaria, aunque sostienen que varios de los afectados no solicitaron cursar ese posgrado y consideran que el mismo no debería estar condicionado a la entrega de los títulos de grado.
La egresada manifestó además que algunos profesionales ya realizaron el pago debido a la necesidad urgente de contar con sus títulos para acceder a puestos de trabajo o cumplir exigencias laborales. Otros, en cambio, señalaron que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar el monto solicitado.
Durante la jornada de este sábado, un grupo de egresados se congregó inicialmente en la sede de la universidad para solicitar explicaciones a las autoridades. Posteriormente, los reclamos se trasladaron hasta una vivienda particular ubicada en el barrio Monte Alegre, identificada por los denunciantes como propiedad de Liz Fabiola Jiménez Gauto, conocida como “Fanny”, donde presuntamente se realizaba la entrega de títulos a las personas que abonaban el monto exigido.
Los egresados sostienen que una vez cumplidos todos los requisitos académicos, administrativos y financieros establecidos por la institución, así como los trámites correspondientes para la expedición de los títulos, no deberían existir nuevos cobros para acceder a los documentos que acreditan la culminación de sus estudios.
Ante esta situación, anunciaron que recurrirán a organismos competentes vinculados a la educación superior, entre ellos el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y otras instancias correspondientes, con el objetivo de solicitar una intervención y esclarecer la situación.