Trabajadores del sector minero de Vallemí elevaron fuertes cuestionamientos contra la administración de la Industria Nacional del Cemento (INC) y reclaman la salida de su presidente, Gerardo Guerrero, por supuestas prácticas irregulares en la adjudicación de canteras.
La protesta es impulsada por integrantes de la Asociación de Mineros, Cabeceros y Afines Cerro Tigre y del Gremio de Mineros de la zona, quienes denuncian la negativa sistemática de la institución a otorgar contratos de usufructo, indispensables para sostener la actividad extractiva.
Ruth Escobar, presidenta de la asociación, explicó que desde hace más de un año solicitan sin éxito la firma de un acuerdo por cinco años. Señaló que la paralización de la actividad afecta directamente a decenas de familias que dependen de la minería, además de impactar en la economía local.
El conflicto, según indicó, se arrastra desde la reubicación de los trabajadores en áreas de baja calidad mineral, lo que redujo la productividad. Posteriormente, los mineros solicitaron nuevos espacios de trabajo, pero la INC rechazó el pedido alegando que se trataba de zonas de reserva.
No obstante, los denunciantes aseguran que dichas áreas habrían sido otorgadas a sectores con vínculos políticos, lo que consideran un trato desigual. “Históricamente se nos asignan pequeñas parcelas, pero ahora se habría entregado una mayor extensión a un candidato”, afirmó Escobar.
A estas denuncias se suman nuevas exigencias económicas, como el cobro retroactivo por producción de cal, que —según los trabajadores— genera deudas millonarias. También cuestionan la prohibición de utilizar hornos tradicionales, bajo argumentos ambientales que, aseguran, no se aplican de forma uniforme.
En la misma línea, Antonio Insfrán, presidente del gremio minero, acusó a la actual administración de favorecer a un sector político específico en la distribución de canteras y denunció discriminación por motivos partidarios.
Ante esta situación, los trabajadores solicitaron una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, con el fin de destrabar el conflicto y lograr la regularización del sector mediante contratos que garanticen estabilidad laboral.
Finalmente, advirtieron que la falta de reglas claras está derivando en una explotación desordenada de los cerros, sin planificación ni inversión, lo que podría generar consecuencias negativas tanto en el ámbito ambiental como económico.