El intendente de Arroyito, departamento de Concepción, Samuel González Valdez, acusado por presunta lesión de confianza, tiene desde ayer rebeldía y orden de captura.
La resolución fue dictada por el juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, porque no se presentó a la preliminar que se realizó solo para una de las procesadas.
Además del intendente, también decretó la rebeldía y la captura de los acusados Martín Dávalos Carmona, Alen Elpidio Cardozo, Lino Ozuna Fernández y Claudio Baldomero González.
Igualmente, el juez declaró a todos ellos litigantes de mala fe, por los numerosos pedidos de suspensión de audiencia y cambio de abogado, lo que hizo que la diligencia se dilatara por bastante tiempo.
El juez argumentó que tuvo en cuenta el comportamiento del acusado y su defensor, el ánimo dilatorio y falta de voluntad de sometimiento al proceso penal; y el ejercicio abusivo del Derecho.
Además, también tuvo en cuenta el ejercicio del poder de disciplina, y la finalidad de tramitar sin dilaciones innecesarias del acto procesal que se encuentra aún pendiente de realización, específicamente, la audiencia preliminar.
El juez indica que en todo el proceso, no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares debido al comportamiento dilatorio de las partes.
Con la declaración de rebeldía, se dispuso la interrupción de los plazos procesados, los que deberán ser reiniciados cuando se presenten.
LA ACUSACIÓN. El intendente de Arroyito, Samuel González, fue acusado por presunta lesión de confianza, donde el supuesto daño patrimonial para la Municipalidad es por la suma de G. 709.600.000.
La preliminar se realizó solo con respecto a la procesada Estela González de Sánchez, ya que los demás procesados no se presentaron a la importante diligencia.
Según la acusación del fiscal, el intendente ejecutó cuatro obras con fondos del Fonacide y otras cuatro obras más con los royalties, con lo que son 8 obras, las que fueron fiscalizadas por la Contraloría General de la República.
Los auditores constataron que 5 de las construcciones fueron abonadas según lo contratado, pero de las verificaciones que se hicieron, se pudo determinar que las obras no se ejecutaron.
Así, dice la fiscalía, se comprobó que existió una connivencia entre los acusados, quienes ocasionaron el mencionado perjuicio patrimonial, ya que las obras no se ejecutaron.
Fuente: Ultima Hora