Los gobiernos distritales y los hechos de corrupción van de la mano y gozan de muy buena salud, a pesar de que los controles se intensifican, según un lapidario informe de la Contraloría General.
En ese sentido, en lo que va del año el ente contralor presentó denuncias contra 12 municipalidades y están en proceso otras tres denuncias más, haciendo un total de 15 distritos en un solo año.
El principal problema de los intendentes es la malversación de los recursos de los fondos del Fonacide y de royalties, que en la mayoría de los casos no cuentan con documentos respaldatorios de cómo fueron utilizados millonarios montos.
Entre los 15 municipios denunciados, las sumas malversadas van desde G.18.435.201, como en el caso de la Municipalidad de 3 de Mayo, en uno de los departamentos más pobres del país como lo es Caazapá, hasta los G. 30.371.916.451 del Municipio de Salto de Guairá, Departamento de Canindeyú.
Las sobrefacturaciones y las obras fantasmas en dichos distritos están a la orden del día y varios de ellos, como el de Independencia, Francisco Caballero Álvarez y Jesús fueron salvados en la Cámara de Diputados de ser intervenidos, a pesar de que existían denuncias concretas. Posteriormente el ente contralor, al término de las auditorías realizadas, presentó las denuncias ante la Fiscalía, que ahora tiene en sus manos la investigación y la posibilidad de que se llegue a castigar a los responsables del uso malhabido del dinero público.
La Contraloría realizó una estimación de cuáles son las necesidades más demandadas e insatisfechas de la ciudadanía y dónde hubieran sido utilizados los recursos malversados. En el caso de las comunas, se podrían haber construido 237 aulas prefabricadas, para 6.000 niños. Asimismo, más de 2 millones de raciones de almuerzo escolar pueden ser cubiertas a nivel país, si el dinero se utiliza correctamente.
Recordemos que varias instituciones educativas cuentan con problemas edilicios y son urgentes las reparaciones de las aulas o la construcción de otras nuevas. Sin embargo, las autoridades locales están más preocupadas en llenar sus bolsillos y el de sus colaboradores antes que realizar trabajos que favorezcan a la ciudadanía.
Las municipalidades deben presentar a la Contraloría General de la República informes cuatrimestrales de rendición de cuentas e informes semestrales de evaluación y seguimiento cuantitativo y cualitativo sobre los avances de los programas y proyectos ejecutados.
La Contraloría a su vez debe presentar al Consejo de Administración un informe semestral sobre las rendiciones de cuentas y los informes correspondientes de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los programas y proyectos ejecutados o en ejecución, presentado por las unidades ejecutoras de los organismos y entidades beneficiadas, las cuales tienen dos cortes anuales; el 30 de junio cuyo informe de ejecución debe ser presentado en setiembre, y el 31 de diciembre, cuyo informe de ejecución debe ser presentado en marzo del siguiente año.
Inversión. La Contraloría General de la República, durante el año 2018, presentó a la Fiscalía General del Estado 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público por un total de G. 17.129.599.604
Mientras que para el ejercicio 2019, se han reportado hasta la fecha G. 42.030.754.759. Es decir, casi el triple del año pasado.
Los formularios de reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio son llenados con base en los hallazgos de los auditores y las profundizaciones de los auditores forenses, y luego son remitidos a la Fiscalía General del Estado en virtud del convenio de cooperación interinstitucional suscripto en setiembre del 2005 y renovado en julio de 2016, entre el mencionado organismo y la Contraloría General.
Según la Contraloría, el costo social de la corrupción afecta gravemente a la ciudadanía, ya que con esos fondos se pueden financiar proyectos en salud, educación, seguridad, entre otros.
