Tres funcionarias de la Junta de Saneamiento de Vallemí han solicitado la intervención inmediata del ente, denunciando presuntas irregularidades administrativas, persecución política y despidos injustificados.
Las empleadas, Fátima Galeano y Gloria Román, despedidas recientemente, acusan al Presidente de la Junta, Alberto Pascual Velázquez Peralta, de persecución y violación del estatuto al permanecer en el cargo por tres períodos, cuando el Artículo 51 establece un límite de dos.
Dolly Diana Esquivel Salinas, con 19 años de servicio, asegura que la persecución se intensifica al no respaldar la precandidatura de Velázquez Peralta a la concejalía municipal, siendo relegada a tareas menores.
Las denuncias también incluyen nepotismo y planillerismo, con hijos de altos funcionarios registrados como empleados sin asistir al trabajo, violando los estatutos de SENASA. Se señalan pagos injustificados a talleres, abogados y empresas con sospechas de sobre facturación, así como la compra de bebidas alcohólicas por más de G. 2.500.000 para celebrar una reelección que, según el estatuto, no debería haber ocurrido.
Las deudas millonarias a entes públicos, como 30 millones a Tributaciones, 10 millones a la ANDE y 9 millones a la ERSSAN, se suman a las preocupaciones planteadas por las denunciantes.
Los documentos respaldando estas acusaciones fueron presentados por las mujeres. Los intentos de contactar con el denunciado para obtener su versión resultaron infructuosos, ya que no atendió las llamadas.
La situación en la Junta de Saneamiento de Vallemí está generando creciente preocupación entre los ciudadanos, más aún que los denunciantes ya arrimaron los documentos hasta las instancias superiores sin que haya respuesta.