El diputado presentó un plan de seguridad que incluye medidas polémicas como juzgar a menores desde los 14 años como adultos, rehabilitación forzada para adictos y la participación de militares en tareas policiales.
El diputado independiente Rubén Rubin encendió el debate público este lunes tras presentar un proyecto de ley que propone medidas radicales para combatir la inseguridad en el país. Bajo el nombre de “Plan de emergencia de seguridad nacional”, el legislador plantea, entre otras cosas, que los adolescentes desde los 14 años puedan ser juzgados como adultos en casos de delitos graves, como homicidios, y que se establezca la cadena perpetua como pena máxima para estos crímenes.
La propuesta surge tras el asesinato de María Fernanda Benítez, una joven de 17 años que fue encontrada calcinada en Coronel Oviedo. Su novio, también menor de edad, fue imputado por el crimen. El caso generó una profunda conmoción en la ciudadanía, lo que impulsó a Rubin a elaborar un paquete de reformas que, según sus palabras, busca “terminar con la impunidad de los criminales, sin importar la edad que tengan”.
Además de endurecer las penas para adolescentes, el plan del legislador contempla la implementación de centros de rehabilitación obligatoria para personas con adicciones, comenzando por Asunción y el Departamento Central. “Queremos sacar de las calles a quienes necesitan ayuda y no la buscan, y devolverles un futuro a través de la recuperación”, afirmó.
Otra de las medidas planteadas es la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, particularmente en zonas vulnerables como entornos escolares y espacios públicos. Para Rubin, se trata de un paso necesario ante el creciente nivel de violencia que enfrenta el país. “Los militares están preparados para proteger, y necesitamos de toda la fuerza del Estado para recuperar la tranquilidad”, expresó.
La iniciativa ha generado reacciones diversas en distintos sectores. Mientras un grupo de ciudadanos aplaude la dureza de las medidas, organizaciones de derechos humanos y referentes jurídicos han manifestado su preocupación. El abogado Óscar Tuma calificó de desproporcionado juzgar a menores como adultos y recordó que la Constitución y los tratados internacionales firmados por Paraguay establecen garantías especiales para la infancia. En tanto, el senador Derlis Maidana reconoció la necesidad de revisar el sistema penal juvenil, pero señaló que se deben estudiar alternativas que prioricen la reinserción.
La Cámara de Diputados aún no ha fijado una fecha para el tratamiento del proyecto, que podría enfrentar obstáculos jurídicos y constitucionales. Sin embargo, el tema ya instaló un debate nacional sobre la responsabilidad penal de los menores y las medidas que el Estado debe adoptar frente a crímenes cada vez más violentos.
Fuente: Última Hora.