El inicio del juicio oral contra Víctor Portillo, acusado de coacción sexual y violación en grado de tentativa, volvió a suspenderse. Los querellantes recusaron a los tres jueces del tribunal alegando un conflicto de intereses.
Este jueves debía comenzar el juicio oral y público contra Víctor Portillo, acusado de coacción sexual y violación en grado de tentativa en perjuicio de una joven de 28 años. Sin embargo, el proceso fue nuevamente aplazado tras la recusación presentada por el equipo querellante contra el tribunal de sentencia.
El abogado Diego Melgarejo, representante de la querella, explicó que la decisión se basó en la Ley 7038, que regula los conflictos de intereses en la función pública. “Invocamos la Ley 7038, que habla de conflictos de intereses, porque una de las defensoras, la abogada Honorina Acosta, ejerció la magistratura en este mismo tribunal durante diez años. Compartió lugar de trabajo, deliberó y tomó decisiones con los jueces que hoy integran el tribunal, lo que genera afinidad e imposibilita su imparcialidad”, señaló.
El tribunal recusado está integrado por los jueces Darío Hernán Estigarribia Ramírez (presidente), Mariza Miguela Meza y César Ibarra Barreto (miembros titulares).
Según Melgarejo, esta no es la primera vez que la audiencia se suspende. “Creo que es la quinta vez que se pospone. Ya se suspendió antes por jubilaciones de miembros del tribunal, por la necesidad de integrar nuevos jueces, e incluso por certificados médicos presentados por el procesado”, detalló.
El hecho que originó la causa ocurrió el 21 de febrero de 2022. Según explicó el fiscal Joel Díaz, Portillo salió aquella noche con la víctima y sus amigas en un vehículo; tras dejar a las demás jóvenes en sus domicilios, quedaron solos y, durante un recorrido por el muro de contención, el hombre habría comenzado a manosearla en sus partes íntimas e intentó obligarla a mantener relaciones sexuales. De acuerdo con la denuncia, incluso llegó a romperle la ropa y golpearla, pero la joven pudo safarse y denunciarlo.
El querellante expresó la expectativa de que el Tribunal de Apelaciones resuelva lo antes posible la recusación para fijar una nueva fecha. “Esperamos que finalmente podamos iniciar este juicio y que se haga justicia, porque son hechos graves y deleznables que sensibilizan a la sociedad”, sostuvo.
De acuerdo con la tipificación penal del artículo 135, el acusado se expone a una condena de hasta 10 años de prisión.