Una vecina del barrio Ciudad Nueva, sector Santo Domingo de Guzmán, gestiona desde hace cuatro meses ante la ANDE la instalación formal del servicio. El proyecto supera los 33 millones de guaraníes y actualmente se encuentra sin energía junto a sus dos hijos, mientras la mayoría de los vecinos accede al suministro de forma clandestina.

La joven solicita que todos puedan acceder al servicio de manera legal y en igualdad de condiciones, señalando además que las conexiones clandestinas ya generan problemas de baja tensión.

Una pobladora del barrio Ciudad Nueva, sector Santo Domingo de Guzmán, solicita la agilización de los trámites para la extensión de la red eléctrica en la zona, donde reside desde hace aproximadamente cuatro meses.

Se trata de Gabi Morel, quien relató que al instalarse en el lugar inició las gestiones correspondientes ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para acceder al servicio de manera formal. Según explicó, la institución le presentó un proyecto para extender unos 100 metros de red, cuyo costo supera los 33 millones de guaraníes, suma que asegura no poder cubrir de forma individual.



Ante esta situación, le habrían indicado que es necesario contar con al menos 12 usuarios interesados para distribuir el costo de la obra. Sin embargo, de acuerdo con su versión, solo cuatro vecinos estarían dispuestos a asumir el gasto, ya que la mayoría accede actualmente al servicio mediante conexiones clandestinas.

Morel señaló que hasta hace pocos días también contaba con una conexión irregular, pero tras un conflicto con una vecina —quien le habría solicitado el pago de 300.000 guaraníes por la conexión— decidió no abonar dicha suma. Según manifestó, luego de negarse, su vecina habría cortado el suministro, dejándola sin energía eléctrica.

La mujer expresó su preocupación debido a que se encuentra sin servicio en medio de las altas temperaturas, junto a sus dos hijos menores de dos y cinco años.

Indicó además que el barrio pertenece a una inmobiliaria y que, según el contrato firmado por cada familia, los residentes deben gestionar de manera privada el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad.

La pobladora solicita una solución que permita regularizar la situación en el sector y garantizar el acceso formal al servicio eléctrico para las familias que habitan en la zona.