La Policía Nacional incautó tres motocicletas y demoró a un joven mayor de edad y a cuatro menores durante un procedimiento preventivo realizado sobre la ruta Cayo Sotero Miltos, en el barrio Itacurubí de Concepción.

Las motocicletas quedaron a disposición del Ministerio Público.

Un procedimiento policial por exposición al peligro en el tránsito terrestre se llevó a cabo en la noche del domingo 4 de enero, alrededor de las 20:30 horas, sobre la ruta Cayo Sotero Miltos del barrio Itacurubí, en la ciudad de Concepción. La intervención estuvo a cargo de personal de la Motopatrulla Móvil 11, que realizaba patrullajes preventivos en la zona del Parque Ecológico y del Monumento al Indio.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes visualizaron a tres motocicletas que circulaban a alta velocidad, presuntamente con intenciones de realizar una carrera. Al notar la presencia policial, los conductores redujeron la marcha y acataron la orden de detenerse al costado de la vía.

Durante la verificación, se constató que uno de los conductores, Mauricio Alexander Alvarenga Gutiérrez, de 18 años, no contaba con licencia de conducir y circulaba en compañía de un menor de 16 años, a bordo de una motocicleta Kenton Canyon 250. Asimismo, otros dos rodados eran conducidos por menores de entre 15 y 16 años, algunos de ellos sin chapa identificatoria, desplazándose en motocicletas de la misma marca y modelo, además de una motocicleta Taiga TXR 250.

En el lugar se presentó una mujer, identificada como Catalina Concepción Franco Ortiz, quien manifestó que minutos antes los motociclistas casi la embistieron, anunciando su intención de formular la denuncia correspondiente.

Ante la situación, se solicitó apoyo de la patrullera Móvil 10 y todos los involucrados fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría 1ª del barrio Itacurubí para una mejor verificación. El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de turno, abogada Leticia Del Puerto, quien dispuso la incautación de las motocicletas. En cuanto al conductor mayor de edad, se ordenó su diagnóstico médico y posterior libertad, quedando convocado para audiencia fiscal.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado Penal de la Niñez y la Adolescencia, a cargo del abogado Sergio Ruiz, quien dispuso que los menores sean diagnosticados en el Hospital Regional de Concepción y luego entregados a sus padres bajo acta.