La familia Lindstron, residente desde hace décadas en la zona de Paso Itá, distrito de Horqueta, departamento de Concepción, denunció presuntas irregularidades en un procedimiento fiscal y judicial que derivó en su salida de la propiedad que ocupaban. El caso involucra cuestionamientos a resoluciones judiciales, al actuar del Ministerio Público y a la presencia de civiles armados durante y después del operativo.
Según los antecedentes, en 2010 el ciudadano alemán Klaus Smith inició un litigio contra Luis Lindstron, quien trabajaba la finca desde hacía más de 20 años. Tras el fallecimiento de Lindstron en 2013, sus hijas continuaron el proceso. Posteriormente, el expediente fue declarado caduco por inactividad del demandante.
De acuerdo con la denuncia, el 4 de noviembre Smith ingresó al inmueble con una resolución firmada por el juez Alberto Panza. Las afectadas afirman que no fueron notificadas previamente y que la resolución aún no estaba firme. Sostienen además que la finca no estaba abandonada, sino en rotación de pasturas, una práctica habitual en el rubro ganadero.
Las hermanas consideran que el ingreso de la comitiva fiscal inmueble de 240 hás, se produjo sin permitirles ejercer su derecho a defensa y en un proceso que, según alegan, ya había caducado.
El 14 de noviembre, el fiscal Joel González acudió al lugar acompañado por una comitiva policial. Testigos estimaron la presencia de unos 50 agentes, aunque la familia señala que, según registros audiovisuales, podrían haber sido cerca de 100.
Las denunciantes aseguran que no existía orden de allanamiento ni de desalojo. Aun así, el fiscal habría exigido la salida inmediata de Silvia Lindstron y de los trabajadores. La familia se retiró del lugar dejando animales, maquinarias y objetos personales, que quedaron bajo custodia del abogado de Smith.
Otro punto cuestionado por la familia es la presencia de civiles armados durante el operativo. Mencionan a integrantes del grupo Olmedo–Urquhart y señalan que en videos del procedimiento se observa una camioneta supuestamente vinculada a ese sector acompañando a la comitiva.
Sostienen que la presencia de particulares armados en un procedimiento oficial constituye un hecho que debe ser investigado.
El día siguiente al operativo, Amalia Lindstron denunció haber sido interceptada por dos hombres armados mientras transitaba por un camino vecinal, quiénes le habrían exigido abandonar la zona.
La familia solicita una investigación para aclarar las circunstancias del procedimiento, incluyendo la emisión de la resolución judicial, la ausencia de órdenes específicas para el operativo y la presencia de civiles armados. Afirman que los hechos representan un avasallamiento y recuerdan que años atrás ya fueron víctimas del secuestro y asesinato del padre de familia.
Pobladores de la zona de Tacuatî convocaron a una movilización para este lunes en apoyo a la familia Lindstron y para pedir que las autoridades aclaren lo ocurrido.
