La Fiscalía General del Estado ratificó el pedido de sobreseimiento provisional para el exintendente de Concepción Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA) y otras tres personas procesadas por supuesta lesión de confianza. El perjuicio que habría sufrido la comuna, con las obras inconclusas, oscila los G. 1.600 millones a la comuna.
La fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil, encargada de la atención de vistas y traslados de expedientes dirigidos a la Fiscalía General del Estado, ratificó el pedido de sobreseimiento provisional para el exintendente de Concepción Alejandro Urbieta, en el proceso que afronta junto con otras tres personas por supuesta lesión de confianza, seún informó el diario ABC Color.
Los demás procesados favorecidos con el pedido de sobreseimiento provisional son Pedro Vera Escurra, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Concepción; Arsenio Domínguez Vázquez, fiscal de obras de la Comuna; y Rigoberto Vicencini Benítez, representante legal de la empresa adjudicada para la obra.
La postura de la FGE es en respuesta a la decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, quien en la audiencia preliminar del pasado 14 de setiembre imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional para el político liberal.
En dicha diligencia, la fiscala Stella Mary Cano decidió rectificar la acusación y planteó la salida procesal para los acusados. La agente del Ministerio Público argumentó que las obras concluyeron con posterioridad a la presentación del requerimiento conclusivo.
Con la decisión de la fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil, el magistrado que atiende la causa no tiene más que hacer lugar al sobreseimiento provisional de los procesados y otorgar al Ministerio Público un año de plazo para finalizar las diligencias pendientes.
El sobreseimiento provisional solicitado por la fiscalía es para realizar una serie de diligencias antes de concluir definitivamente la investigación por presunta lesión de confianza al exintendente de Concepción Alejandro Urbieta.
Pericia arquitectónica sobre el estado real de las obras al momento de las actas de recepción, filmación con toma aérea de las obras cuya ejecución es objeto del proceso y pericia contable a fin de terminar la existencia o no del daño patrimonial y del monto del mismo son las diligencias que se deben realizar.
Según la investigación fiscal, en el 2016 la Municipalidad de Concepción convocó a una licitación para la “Construcción de adoquinados, empedrados y desagüe pluvial” por un monto total de G. 8.199.571.925. La obra fue adjudicada a la firma CONSERPAR.
A causa de una denuncia ciudadana, la Fiscalía ordenó una pericia arquitectónica, que concluyó que la suma que se ejecutó fue de G. 6.063.405.010. Sin embargo, al considerar los daños que poseen las obras, el valor del mercado de las mismas sería de G. 4.466.652.321, según la pericia técnica.
En consecuencia, dicha pericia señala que existe una diferencia de G. 1.596.752.689, lo cual es considerado no como valor de un presupuesto de reparación de las obras sino que el cálculo de una devaluación resultante de obras que deberían encontrarse en óptimas condiciones.
La defensa de Alejandro Urbieta calificó de “pobre, deficiente y sin sustento” la investigación fiscal, ya que a criterio del abogado Raúl Caballero la pericia se hizo cuando la obra estaba en plena ejecución.