El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso, donde propone figuras penales para quienes accedan de manera irregular a las vacunas contra Covid-19.
El Artículo 23 de la referida propuesta manifiesta que si un funcionario usa su cargo para beneficiar a otra persona con la aplicación de los biológicos, la sanción será de hasta cinco años de cárcel o multa.
También estará inhabilitado para ocupar cualquier tipo de cargo dentro de la función pública, por el tiempo de 10 años.
Por otra parte, indica que aquel que hurtara no solamente vacunas, sino medicamentos o insumos, será condenado a prisión, de dos a seis años.
“Cuando el autor actuara comercialmente en los términos del artículo 14 del Código Penal será castigado con la pena prevista en el artículo 57 del mismo cuerpo legal”, dice parte de la normativa.
En caso de que el autor sea funcionario público será sancionado con la inhabilitación de ocupar puestos en el sector por 10 años, sea electivo o no.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Sergio Huttemann, dijo en conferencia de prensa que la ley cita los procedimientos de control que estarán a cargo del Ministerio de Salud.
Expresó, además, que las sanciones de carácter administrativos van de dos a 300 jornales mínimos, considerando la gravedad y la reincidencia del hecho.
El dinero de las multas cobradas será destinado a una cuenta especial del Ministerio de Hacienda que serán empleadas en programas vinculados a la emergencia sanitaria.
También propone la creación de la “Junta de Emergencia Sanitaria” que se encargará de recibir los informes de la cartera sanitaria, evaluará las medidas sanitarias y dialogará con los sectores empresariales, comerciales, entre otros, que son afectados por las medidas restrictivas, reportó IP.