Un suboficial del Ejército Paraguayo fue detenido en la noche del lunes en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, en el marco de una investigación por una presunta estafa que habría afectado a varios camaradas.
El procedimiento se realizó alrededor de las 21:50 horas en la sede de la Comisaría 7ª, donde fue aprehendido Luis Fernando Melgarejo, de 33 años, sargento ayudante de Infantería, quien contaba con una orden de captura vigente por una causa de estafa.
Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, prestaba servicios en el Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. La detención se concretó en cumplimiento de la Nota Nº 1028, de fecha 17 de diciembre de 2025, correspondiente a la causa Nº 547/2025, caratulada “Luis Fernando Melgarejo s/ Estafa y otros”, firmada por el fiscal Oscar Samuel Valdez, de la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalía Zonal de Yby Yaú.
El operativo fue encabezado por el coronel Christian Saturnino Centurión Giménez, también integrante del Tercer Cuerpo del Ejército, quien trasladó al detenido bajo custodia hasta la dependencia policial. Previamente, el militar fue sometido a una inspección médica en el Centro de Salud local y luego quedó a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal competente.
De acuerdo con los datos de la investigación, Melgarejo se encontraba en comisión de servicio en la sede del Banco Nacional de Fomento de Yby Yaú, desde donde habría contactado al menos a cuatro camaradas para gestionar préstamos con la supuesta finalidad de unificar deudas. Sin embargo, las deudas no habrían sido canceladas por la entidad bancaria y los cheques emitidos a nombre de los solicitantes habrían sido cobrados por el propio suboficial o por terceras personas.
El fiscal interviniente no descarta la posible participación de funcionarios del banco, ya que, según las normativas internas del BNF, los préstamos para unificación de deudas deben abonarse directamente a las entidades acreedoras y no entregarse en efectivo a los solicitantes. El perjuicio económico ocasionado por la presunta maniobra fraudulenta ascendería a unos 200 millones de guaraníes.
El caso continúa en etapa investigativa y se aguarda la remisión de los antecedentes correspondientes para avanzar con el proceso judicial.