Hace una semana, el presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Eliodoro Molina, firmó una resolución por la cual resolvía la obligatoriedad de la marcación de los magistrados de entrada y salida a sus despachos, a través del reloj biométrico.
Supuestamente, es bajo las directivas del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eugenio Jiménez Rolón, y la molestia de los magistrados respecto a la medida tiene que ver con el control, debido a que funcionarios inferiores a sus rangos deben cerciorarse del cumplimiento de los horarios de 7:00 a 13:00.
Asimismo, según los jueces, la medida no está fundamentada en ninguna disposición reglamentaria, acordadas ni tiene fundamento legal, por lo que causa sorpresa y rechazo.
Tras esta disposición, que también afecta a magistrados de la capital, los gremios fueron convocados para establecer una postura al respecto.
De acuerdo a los datos, el pasado 11 de setiembre se presentó una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema donde se manifiesta, entre otras cosas, que los magistrados son también los jueces de paz y hasta los propios ministros de la Corte.
Además, aseguran que si este es el modelo de gestión que la máxima instancia judicial desea implementar para combatir la corrupción y la mora, es “incompatible” y de “difícil coexistencia”, debido a que por un lado se exige una jornada controlada por un reloj marcador, mientras que a la par funcionan inspectoría, auditoría, superintendencia de la Corte y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. A su vez, exigen productividad sin presupuestar y abonar el horario adicional de trabajo que ya de hecho se cumplen. “Esto implicaría superponer organismos de control que sería impracticable”, sostienen jueces.
Concluyen que actualmente la medida solo rige para la circunscripción de Concepción, lo que establece una suerte de desigualdad e incomodidad en el seno tribunalicio. Inclusive mencionan que con esta medida se tienen jueces de primera y segunda categoría.
Fuente: Aldo Rojas ABC Color