Dirigentes del sector educativo advierten que el proyecto del Ejecutivo elimina derechos adquiridos y afectará a miles de trabajadores
Dirigentes del sector educativo expresaron su firme rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Gobierno Nacional, al considerar que la propuesta elimina derechos adquiridos, viola la Constitución Nacional y traslada la responsabilidad del déficit a los trabajadores. El pronunciamiento se dio durante una conferencia de prensa realizada este sábado por la mañana en la plaza Agustín Fernando de Pinedo de la ciudad de Concepción.
El profesor Milner Cristaldo, dirigente nacional de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN), cuestionó duramente al Ministerio de Economía y Finanzas, señalando que el sistema previsional enfrenta problemas debido a la mala administración histórica del Estado. Recordó que los trabajadores aportan actualmente el 16% de su salario, además del pago de impuestos, mientras que el Estado no cumple con su rol de aporte patronal.
Cristaldo defendió la vigencia de la Ley 2345, que no establece una edad mínima para la jubilación, sino que se basa en los años de servicio y aportes realizados. Indicó que la tarea docente implica un alto desgaste físico y mental, agravado por condiciones precarias en las aulas, por lo que consideró injusto obligar a los educadores a permanecer más años frente a estudiantes en contextos adversos.
Advirtió además que elevar los aportes previsionales hasta cerca del 19% significaría que los trabajadores destinen casi una cuarta parte de su salario a la jubilación, una cifra que, según afirmó, no se registra en ningún otro país de la región. También alertó que la reforma impactará negativamente en las nuevas generaciones, reduciendo oportunidades laborales y provocando un freno en los procesos de jubilación en los próximos años.
Estas posturas coinciden con el comunicado emitido por la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, integrada por gremios del magisterio nacional, institutos de educación superior y universidades públicas. En el documento, el sector rechaza el proyecto del Ejecutivo por considerar que viola el artículo 103 de la Constitución Nacional y denuncia que la Caja Fiscal ha sido utilizada históricamente como una “caja chica” del Estado, con desvíos y malversaciones desde su creación en 1909.
El comunicado sostiene que el déficit actual es consecuencia directa de la falta de aporte estatal y de la mala gestión de los recursos jubilatorios, y no de los beneficios percibidos por los docentes. Asimismo, rechaza la imposición de una edad mínima obligatoria, el aumento de aportes, la reducción de la tasa de sustitución y la eliminación de jubilaciones extraordinarias, calificando estas medidas como inhumanas y regresivas.
Los trabajadores de la educación anunciaron que el próximo 2 de febrero participarán de un congreso intersectorial en Asunción, donde se definirán las acciones a seguir. No descartan movilizaciones a nivel nacional si el proyecto avanza en el Congreso, e instaron a la ciudadanía a acompañar la lucha en defensa de una jubilación digna y del sistema previsional público.
Finalmente, exigieron al Gobierno y al Poder Legislativo responsabilidad y apertura al diálogo, remarcando que la jubilación es un derecho y no un privilegio, y que cualquier reforma debe garantizar la protección integral de los aportantes actuales y futuros.