El Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó ayer las chicanas del intendente de Arroyito, Samuel González Valdez (ANR – Añetete) y otros procesados por lesión de confianza, para no someterse a la audiencia de imposición de medidas.

Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Bibiana Benítez confirmaron la resolución dictada por el juez penal de garantías José Agustín Delmás el 11 de diciembre del año pasado, por la cual los convocaba a González y demás procesados a audiencias de imposición de medidas.

El magistrado realizó la convocatoria luego de que la Cámara rechazara una serie de incidentes planteados por la defensa, a partir de la imputación presentada en agosto del 2020.

El fiscal de delitos económicos Osmar Legal imputó al intendente González como autor y como cómplices, los funcionarios municipales Estela González de Sánchez, secretaria general; Martín Dávalos Carmona y Claudio Bartolomé González (jefe de obras) y los contratistas Silvino Ortiz, Alen Elpidio Cardozo y Lino Ozuna Fernández. Según la Fiscalía, los imputados causaron un perjuicio de G. 732.600.000, supuestamente utilizados para la financiación de cinco obras que en algunos casos resultaron ser “fantasmas” y en otras, fueron ejecutadas parcialmente.