La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad que promovieron familiares de los hermanos Gregorio y Víctor Morales, acusados de ser apoyos logísticos del EPP, contra la Ley 5036/13, de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
En octubre del 2017, Socorro Fernández Coronel, Mariana Servín Rolón y Francisca Morales, familiares de Gregorio y Víctor Morales, plantearon una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley N° 5036/13 “que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la ley de la Defensa Nacional y Seguridad Interna” y contra el artículo 1 del decreto del Poder Ejecutivo que en el año 2013 permitió la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
En su escrito de acuerdo a una publicación del diario ABC Color, señalaron que residen en el departamento de Concepción, zona que se encuentra militarizada, e indicaron que fueron víctimas de hechos punibles cometidos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, consistentes en actos de violencia, tortura psicológica e, inclusive, amenazas.
“En fecha 28 de enero del 2016, en nuestros domicilios respectivos se produjo la aprehensión de los hermanos Víctor y Gregorio Morales, dirigentes campesinos de Arroyito, ambos acusados de ser apoyo logístico del EPP en el secuestro del policía, Edelio Morínigo. Las pruebas que presenta la fiscalía en su contra son una lata de leche Nido y sus números de teléfono que mediante una antena los ubica cerca del lugar de los hechos relatados en el procedimiento policial, conforme se desprende de la copia simple de la acusación fiscal presentada por el fiscal Joel Cazal”, indica la acción de inconstitucionalidad.
Afirman que la referida ley conlleva grandes riesgos para la población civil debido a que los militares no cuentan con la preparación debida para efectuar tareas propias de la Policía Nacional, lo que genera indefectiblemente atropellos a los derechos humanos y las garantías constitucionales y procesales.
En su voto, el ministro Antonio Fretes señala: “Esta sala ha sostenido la importancia de la identificación, dimensionamiento y comprobación del agravio concreto real y ciertos efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad directa pretendida, no siendo eficientes las alegaciones de posibilidades por ciertas que sean. Para que ello suceda debe existir una justificación suficiente y que se verifique daño, no general hipotético ni siquiera en perjuicio de otra persona o de la propia ley, sino un daño concreto por lo que se solicita su inaplicabilidad”.
Agrega Fretes que la accionante es sujeto de proceso y acusación fiscal en la causa señalada y debe proseguir el curso del procedimiento ordinario así como está previsto en la Constitución Nacional y en las leyes “no pudiendo intervenir esta sala en tales derroteros”.
“El perjuicio necesario para la procedencia de una acción de esta naturaleza debe ser fundado y probado, de lo contrario siempre tendrá mayor peso la vigencia de la ley antes que la mera alegación de disconformidad con la postura del Ministerio Público”, expresa el ministro que votó por no hacer lugar a la acción.
La ministra Miryam Peña Candia se adhirió al preopinante.
La ministra Gladys Bareiro indicó que no se ha acreditado la legitimación activa de las accionantes, por lo que no se pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto.
Senado debe tratar eliminación
En sesión del jueves pasado la Cámara Alta había resuelto postergar el estudio del proyecto de ley que pretende la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) presentado por el senador Pedro Santa Cruz. El legislador indicó que se requiere de más tiempo, para analizarlo mejor. Además la Comisión de Asuntos Constitucionales aún no tiene dictamen. Uno de los cuestionamientos a la FTC es la erogación millonaria que realiza el Estado, de unos US$ 14 millones anuales, solo en este año ya se usaron unos cinco millones de dólares americanos de su presupuesto sin mayores resultados. En 22 días se prevé incluir de vuelta en el orden del día de la sesión y para esa oportunidad ya se tendría dictamen