Familia denuncia abandono estatal tras asesinato de jóvenes alambradores en Yby Yaú

Dos jóvenes trabajadores de una estancia en Yby Yau fueron asesinados y, según la presunción de autoridades, los autores serían miembros del grupo criminal autodenominado EPP. La familia de una de las víctimas directas denuncia el total abandono del Estado tras el crimen del que fueron víctimas.

Esteban David Valenzuela (28) y Julio César Aveiro Cárdenas (31), trabajadores de la estancia San Jorge Mbarakaja’i ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay fueron secuestrados el 5 de marzo y hallados muertos el 12 de abril de este año en la zona de Yby Yau. Ambos vestían sus ropas de trabajo, botines, jeans, remeras básicas de algodón y abrigos y ambos tenían rastros de haber sido ejecutados con armas de fuego, según el informe forense.

Doña Cirila Valenzuela, madre de Esteban David -y suegra de Julio César- denunció que, desde la muerte de su hijo y su yerno, su familia fue totalmente abandonada por el Estado. Aseguró que ninguna institución le informó cómo seguiría la investigación para determinar cómo y por qué su hijo y su yerno fueron secuestrados y asesinados.

Tampoco recibieron ningún tipo de acompañamiento y contención psicológica, ni los adultos ni los niños y niñas que quedaron huérfanos. Resaltó que su marido quedó severamente afectado en lo emocional por el asesinato de su hijo, tal es así que el 10 de mayo pasado falleció de un infarto.

Asimismo, afirmó que ambos jóvenes eran quienes sostenían la economía familiar y después del crimen quedaron sumidos en una gran necesidad económica. “Nos quedamos huérfanos, nos preguntamos si ¿Así nomás luego tiene que ser con los pobres?”, se preguntó doña Cirila durante una visita a la Codehupy.

Las madres de las víctimas fueron llevadas al lugar para el reconocimiento de los cuerpos, después se los entregaron, los acompañaron a llevarlos hasta su casa en Yrybucua y desde entonces ninguna autoridad se ha contactado, insistió.

La Iglesia, el único apoyo

La única institución que los apoyó desde el principio en sus reclamos es la Iglesia, a través del Decanato de Tapiracuai de la Diócesis de San Pedro Apostol, que manifestó su “consternación, dolor, impotencia y repudio ante tan violento e ignorado episodio” y además solicitó a las autoridades que trabajen para proteger la vida y el bien social de toda la ciudadanía especialmente de aquellos más empobrecidos.

Expresaron una profunda preocupación por la falta de prosecución de la investigación y la falta de acompañamiento a las familias, que son víctimas también de lo acontecido. Al mismo tiempo, a través de un comunicado, afirmaron que la propuesta de seguridad establecida para el norte fracasó.

“Una vez más sostenemos el fracaso de la FTC en la lucha contra el grupo armado EPP: sigue aumentando los secuestros en el norte, sigue aumentando el presupuesto de dinero, sigue aumentando la inoperancia, sigue aumentando la inseguridad y sigue aumentando la desconfianza en el trabajo de este organismo del Estado”, señala parte del documento.

El Estado debe atender integralmente a todas las víctimas

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Codehupy indicó que la crisis de seguridad que se vive en el norte y las víctimas directas e indirectas que ésta genere son responsabilidad del Estado. Indicó que las familias de ambos jóvenes tienen derecho a exigir y que se cumpla con una exhaustiva investigación que les permita saber qué ocurrió, el derecho a la verdad.

Asimismo, tienen derecho a una atención integral en todos los ámbitos, psicológico, social, económico. Se comprometió a que, la Codehupy brindará acompañamiento a la familia para presentar sus reclamos ante las autoridades pertinentes.

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