Tras un extenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, y devolvió al senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 10 de la ley N° 5407/2015, del Trabajo Doméstico”.

En esencia el proyecto pretende que los trabajadores domésticos ganen el salario mínimo legal, atendiendo que la legislación actual establece que el sector perciba el equivalente al 60% del salario base.

El dictamen de las comisiones de Legislación y Justicia y Trabajo de la Cámara Baja, tomado en cuenta para la pertinente modificación, propone elevar el salario de los mismos del 60% al 70%, de manera a asegurar su aplicabilidad.

Durante el debate, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), vocero de la comisión de Legislación y Codificación, explicó que se debe tener en cuenta la implicancia real del documento remitido por Cámara Alta, el cual alentará la informalidad y generará un efecto negativo. “Es importante al votar un proyecto no sólo quedar bien, sino hacer el bien”, argumentó.

Añadió que no se puede legislar pensando en personal doméstico asunceno o de familias en posición social alta, sino también pensar en todo el global de las 250 mil trabajadoras domésticas. Finalmente, indicó que aprobar el 100%, podría poner en infracción obligatoria a miles de empleadores y generar un efecto social contrario al que se busca, por lo que considera prudente establecer un piso del 70% del salario mínimo.

Esta postura fue apoyada por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), titular de la comisión de Justicia, quien tildó de “fundamental” no perjudicar a quienes se pretende ayudar con esta ley. Recordó que gran porcentaje de estos trabajadores se encuentran en casas de familias que no superan los tres salarios mínimos de ingreso y que se debe contemplar la posición de ambas partes.

“Si aprobamos la versión de Senadores corremos riesgo de que gran parte de los trabajadores domésticos pierda su trabajo o el índice de informalidad suba aún más. Con el último aumento porcentual (40% al 60%) se dio la salida de 17 mil trabajadores del sistema provisional y ahora la pregunta es si la familia paraguaya puede solventar este incremento”, indicó.

En contrapartida a lo argumentado, varios congresistas se mostraron a favor de la iniciativa y alegaron que esta es una reivindicación justa para un sector vulnerable, como es el caso de la diputad Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien sostuvo que los trabajadores del hogar piden algo a lo que todos los ciudadanos paraguayos tienen derecho que es el salario mínimo.

En el mismo sentido se manifestó su colega Del Pilar Medina (ANR-Central), presidenta de la comisión de Equidad y Género, quien dijo que el reclamo es justo.

Igualmente la congresista, Norma Camacho (PEN-Central), apoyó el dictamen de Equidad. Sin embargo, pese a los argumentos, el pedido de aprobación sin modificaciones fue rechazado por 36 votos, con lo que el documento vuelve al Senado.