Al igual que muchos de sus colegas, el diputado colorado Luis Urbieta pone trabas a la información publica para seguir ocultando su crecimiento patrimonial. Urbieta dejó una deuda millonaria en la gobernación de Concepción y es investigado por supuesta malversación de fondos.

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó esta semana mantener las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios públicos como un secreto bien guardado, a pesar de que esto atente contra el derecho humano de acceso a la Información Pública.

La Cámara Baja decidió por 50 votos a 17 que los documentos sigan escondidos en la Contraloría General de la República y que solo se pueda acceder a ellos sentencia judicial mediante.

Entre los que votaron por seguir escondiendo información pública figura el diputado por el departamento de Concepción, el colorado Luis Urbieta quien sindicado de ser el responsable de dejar una deuda de mas de 1000 millones de guaraníes, deuda que esta siendo pagada por el actual gobernador de Edgar Lopez.

Urbieta también es acusado de ser el responsable de la malversación de mas de 200 millones de guaraníes durante  su administración como gobernador, por el caso se encuentra actualmente imputado su secretario Hector Romero.

Colorados cartistas y abdistas, además de gran parte de los liberales llanistas consiguieron desnaturalizar el proyecto que originalmente pretendía hacer públicos los documentos. El proyecto había sido presentado originalmente en el Senado, donde fue aprobado a pesar de la oposición de varios legisladores según el diario ABC Color.

El proyecto original pretendía obligar a la Contraloría a hacer públicas las Declaraciones Juradas, omitiendo datos sensibles como los de hijos menores y dirección particular. Habalaba de exhibir cuentas catastrales de inmuebles, pero no números de cuentas bancarias, pero sí debían mostrarse montos en bancos nacionales o internacionales.

Sin embargo, la Cámara Baja consiguió modificar y luego ratificar su versión que solo empeora el nivel de secretismo. Si bien la ley anterior que regulaba las Declaraciones Juradas establecía que las mismas debían ser entregadas a autoridades que las solicitaran en caso de investigación, no hablaba de limitación alguna para la entrega a ciudadanos que solicitaran los documentos amparados en la ley de Acceso a la Información.

Con la modificación introducida por Diputados, ahora cualquier ciudadano que pretenda solicitar esa información deberá obtener primero una sentencia judicial.

Presidente puede vetar

El presidente de la República Mario Abdo Benítez todavía puede vetar la ley. Durante la campaña y antes de asumir la presidencia de la República, el colorado había manifestado en varias ocasiones estar a favor de la transparencia.

En marzo pasado dijo  que estaría de acuerdo con hacer públicas las Declaraciones Juradas según publicó el diario ABC Color.