El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, en su informe a la Cámara de Senadores desmintió que el inmueble vendido a Terminales y Logística Portuaria (TLP) sea un puerto, sin embargo, documentos de dos concesiones anteriores revelan lo contrario. La Fiscalía de Delitos Económicos investiga el caso.

Litigio. El terreno vendido a TLP por USD 700 mil.
Litigio. El terreno vendido a TLP por USD 700 mil.

El inmueble, de 6 ha., fue transferido por el Ministerio de Defensa, en permuta a la Municipalidad. Fue concesionado primeramente en forma gratuita en 2013 a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la segunda fue en el 2014, a favor de Alcosur SA.

El documento firmado entre Urbieta y Fernando Nicora (ANNP) manifiesta que la propietaria concede al concesionario la explotación exclusiva a título gratuito del primer Puerto Granelero Municipal de la República. Agrega que la ANNP acepta la concesión recibiendo el inmueble en el estado en que se encuentre.

Un año después, la concesión fue a Alcosur SA, aprobada por la Junta Municipal a iniciativa del ex edil Julio David Fischer, quien dijo que dicho inmueble era una carga para el ejecutivo. Se concedió el uso por G. 2.000.000 mensual durante 30 años.

Finalmente, en julio de 2017, fue vendido el puerto a TLP por 700 mil dólares. Actualmente tiene una infraestructura de acumulación de carburante a metros de la base aérea y el aeropuerto.

Cuando concedía a título gratuito era Puerto Municipal, cuando vendió y se cuestionó se convirtió en un baldío.
Cuando concedía a título gratuito era Puerto Municipal, cuando vendió y se cuestionó se convirtió en un baldío.

Igual, el intendente sostiene que erróneamente se denomina Puerto Municipal, que nunca se utilizó como tal, aspecto que cuestionan los ciudadanos indignados.

El concejal Miguel Domínguez también afirmó que el terreno vendido era solo un baldío abandonado y no puerto.

La fiscala Yolanda Portillo investiga la venta de este inmueble, que a criterio de los ciudadanos, fue a bajo precio, y que del 60% de lo recaudado se pagaron salarios y deudas.

“Llegamos junto a la Fiscala General, allí nos tranquilizaron informándonos que avanza el proceso de pesquisa”, dijo Daysi Silguero, denunciante.

Fuente: Ultima Hora