Los ciudadanos indignados de Concepción presionan a la fiscala Sonia Sanguinez para identificar a los responsables de la supuesta venta fraudulenta del puerto municipal a la firma TLP SA (Terminales y Logística Portuaria SA).

Noche tras noche se realizan los escraches
Noche tras noche se realizan los escraches

El escrache contra la mujer fue el martes por la noche, donde los manifestantes le pidieron tomar coraje para imputar al intendente de la capital del primer departamento, Alejandro Tati Urbieta, como principal responsable de la venta del inmueble de 6,2 hectáreas a la empresa multinacional por 700.000 dólares y a espaldas del pueblo.

Los ciudadanos exigieron a la agente fiscal que tome postura, ya que cuenta con los documentos que guardan relación con una gran triangulación en la venta del terreno municipal, que, según argumentaron, tiene un costo varias veces millonario con relación al precio final por el cual se vendió.

DENUNCIAS. La ciudadana Deysi Silguero ya había realizado hace meses una denuncia formal en la Fiscalía, pero hasta el momento no hay resultado.

La investigación está a cargo de los fiscales Sonia Sanguinez y Luis Piñánez, de Delitos Económicos. Sin embargo, hasta el momento, y pese a las acciones realizadas por los agentes fiscales, no existe ninguna imputación en contra del intendente concepcionero. “Creemos que se congela el caso, por eso es que no hay ningún resultado al respecto”, manifestó la recurrente.

En el caso estarían comprometidos el jefe comunal de Concepción y 11 concejales municipales que firmaron la resolución de venta, excepto el doctor Héctor González, quien se negó a firmar. También en un proceso de triangulación estarían comprometidos algunos empresarios de la ciudad.

Por otro lado, según los datos recogidos, el Tribunal de Sentencia del Poder Judicial de Concepción levantaría la prisión domiciliaria que pesa sobre el intendente Alejandro Urbieta, reemplazándola con otras medidas más livianas.

La apelación para revocar la prisión domiciliaria fue realizada por el abogado Genaro Domínguez, quien ejerce la defensa del lord mayor, quien desde el lunes se encuentra en la villa Urbieta de esta ciudad, tras la resolución de la jueza Honorina Acosta, quien ya se apartó del caso.

“Ya está todo acordado con los tres miembros del tribunal y el intendente recuperará su libertad”, comentó a este corresponsal una fuente cercana al Poder Judicial.

Fuente. Ultima Hora