Compartimos otro material de investigación realizado por el Dr.
Edgar Giménez Caballero, Beatriz Ortiz, Nilda Recalde y Dr. José Modesto Araujo (Especialidad de Salud Pública. Dirección de posgrado, Facultad de Medicina. Universidad Nacional de
Concepción) respecto a la consecuencia de la pandemia en las familias.
La pandemia de COVID-19 ha generado una disrupción social y económica por el gran impacto sanitario que puede cuantificarse con numerosas pérdidas de vidas humanas, enfermedad, discapacidad, pérdida de puestos de trabajo, limitaciones en las actividades
sociales y afectación de la vida familiar que afecta a toda la sociedad.
Ante la emergencia, en el Departamento de Concepción, el Hospital Regional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fue designado como hospital integrado
respiratorio mientras que el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social como hospital polivalente para la población con seguro y sin seguro, en ambos casos con cobertura departamental. Para solventar los gastos ante la pandemia, además del presupuesto ordinario, el Estado
paraguayo constituyó un fondo de emergencia sanitaria, a partir de diversas fuentes, incluyendo préstamos de organismos multilaterales.
Pero no todo era COVID-19, sino que esta nueva enfermedad se sumó a las necesidades ya existentes antes de la pandemia. En efecto, cada año el sistema nacional de salud, en todas las regiones sanitarias (incluida Concepción) enfrenta una enorme carga de enfermedad, discapacidad y muertes prematuras ocasionadas por enfermedades crónicas no trasmibiles, accidentes de tránsito y otras lesiones, epidemias recurrentes como el
dengue y enfermedades respiratorias. Además, problemas persistentes para la atención de embarazadas y recién nacidos que se reflejan en las tasas de mortalidad materna, neonatal
e infantil.
Para todos los casos, el presupuesto público antes de la pandemia ya era insuficiente para cubrir todas las necesidades de atención y por ello, el sistema de financiamiento
predomiante ha sido y sigue siendo el gasto de bolsillo de salud. Aunque no se cobren aranceles en el sector público, es decir son gratis, lo cierto es que si no están disponibles medicamentos, otros insumos y pruebas de diagnóstico, la población termina pagando para poder acceder a ellos. El resultado es que, de cada 100 mil Gs. que se gasta en salud,
44 mil Gs. proviene del bolsillo de la población, principalmente para comprar medicamentos.
El precio de un mismo medicamento, puede tener impactos distintos en la economía de un hogar, dependiendo de la capacidad de pago. Por ejemplo, si en un hogar la totalidad del ingreso de un mes es de 3 millones de Gs. y en otro de 1,5 millones de Gs. y en ambos casos tienen un gasto de 300 mil Gs. ante una enfermedad, para uno el gasto será
el 10% de sus ingresos pero para el otro será el doble. Se ha visto que ante el COVID-19 el gasto de bolsillo puede ser cuantioso y ha generado una movilización social solidaria para apoyar a las numerosas familias afectadas.
Pero, ¿qué esta sucediendo con las otras enfermedades y con otras necesidades de atención? ¿También hay gastos excesivos y catastróficos?
Con estas preguntas, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Concepción, Facultad de Medicina, y de Investigación para el Desarrollo (ID) llevaron adelante una investigación en el último trimestre del 2020. En uno de los temas de investigación se preguntó específicamente ¿qué sucede durante la atención al parto en tiempos del COVID-19 en el sector público?
Se estudió entonces a 100 mujeres que fueron atendidas en el hospital polivalente del IPS.
Se encontró que, a pesar de la ley de gratuidad de aranceles, de la cobertura de las mujeres con seguro de IPS y de que existe una ley que garantiza la cobertura de insumos para el
parto (kit de parto), sólo 3 mujeres fueron atendidas sin necesidad de gastar en nada. En cambio, en el 97% de los casos hubo gasto de bolsillo, sobre todo para comprar medicamentos y otros insumos descartables. El gasto promedio fue 346,5 mil Gs., pero
fue superior cuando fue por cesárea. Las que tenían seguro del IPS no estuvieron excentas de gastos de bolsillo1
.
Este gasto fue catastrófico para el 15% de los hogares, es decir que superó el 25% de sus ingresos mensuales y afectó significativamente más en aquellos casos que no recibieron kit de parto.
El COVID-19 es una emergencia sanitaria y ha señalado las debilidades de nuestro sistema de salud. Se han promulgado sendas leyes para cobertura de hospitalización y
cuidados intensivos y un programa de cobertura de medicamentos que apenas han entrado en funcionamiento con un alcance aún insuficiente. También se espera con ansias (y no con menos angustia) una vacunación amplia de la población. Pero no hay que descuidar
otras necesidades como la atención a las embarazadas así como tampoco hay que descuidar a otros enfermos que ya estaban antes de la pandemia y que siguen adelante con más dificultades durante la misma.
Para Concepción es particularmente importante el acceso y la atención integral de las embarazadas en el sector púiblico puesto que la reducción de la mortalidad materna representa un desafío de salud pública: En 2018 la razón de mortalidad materna de
Concepción era 136,4 por 100 mil nacidos vivos mientras que en Asunción era 35,8. En 2019 esta razón descendió a 73,4 en Concepción y en Asunción a 25,2 muertes maternas
por 100 mil nacidos vivos.
La Facultad de Medicina de Concepción está estudiando el fenómeno del gasto de bolsillo en varias situaciones. En estos momentos se estan recogiendo los datos sobre el impacto ante los pacientes hospitalizados por COVID-19. Los resultados servirán para el diseño
de políticas y programas que fortlezcan al sistema nacional de salud. La participación de la población será clave para proveer la información necesaria.
1 Este trabajo forma parte del programa de especialización en salud pública de la Facultad de Medicina de Concepción y tuvo el apoyo del proyecto PINV-18-672 cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT con recursos del FEEI.