El funcionario judicial detenido tras recibir USD 10.000 por un fallo favorable de la Corte fue imputado por tráfico de influencias. Los ministros de la Corte Óscar Bajac y Raúl Torres K. están en la mira fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción está investigando el presunto nexo que habría entre Rafael Ramírez Doldán –un funcionario judicial detenido el jueves pasado tras recibir USD 10.000 a cambio de una sentencia favorable de la Sala Civil de la Corte Suprema– y el ministro Miguel Óscar Bajac Albertini. El Ministerio Público cuenta con varias grabaciones en las cuales Ramírez Doldán se presenta como el intermediario de Bajac en un pedido de coima a la firma Cal Agro SA.
Una de las fiscalas que investigan el caso, Victoria Acuña, indicó que si bien Ramírez Doldán es por ahora el único detenido e imputado, la investigación abarcaría a más personas. “Probablemente, el funcionario detenido no sea el único involucrado en el caso. Hay muchas circunstancias que aún nos queda investigar, entre ellas determinar el nexo con el ministro Bajac”, expresó a la 780 AM la representante del Ministerio Público.
“Vamos a tomarnos un tiempo para hacer esas diligencias que faltan. En nuestra unidad hemos dado claras señales de que investigamos a todos los involucrados en una causa, sin importar de quién se trate. En este caso seguimos recolectando datos para llegar a todos los involucrados”, agregó la agente fiscal.
CONTRATOS. El denunciante del caso es Felipe Nery Páez, abogado de la citada empresa, que reclama al Estado unos USD 40 millones por daños y perjuicios en la terminación de un contrato con el Instituto Nacional del Cemento. Páez relató a Telefuturo –que también grabó las negociaciones– que llegó a ser recibido por Bajac en su domicilio.
“Hablé directamente con Bajac en su casa y su despacho. Él me había mencionado que ‘tenía que justificarme, que los muchachos ya me van a decir lo que tengo que hacer’, que mientras que no me ‘justifique’ no va a sacar la sentencia a favor mío”, relató Páez.
Sobre el punto, relató que parte de la coima implicaba que Cal Agro firme dos contratos con dos abogados, en el cual se establecía el pago de G. 3.700 millones para cada uno en carácter de honorarios, si es que la sentencia de la Corte salía favorable a la firma en un plazo de 60 días. Páez sostuvo que en realidad los montos eran para asegurar los votos de los ministros Bajac y Raúl Torres Kirmser, además de la coima a pagar a Ramírez Doldán. Los contratos fueron con los abogados Ramón Aquino y Juan Carlos Ávila.
IMPUTADO. Los fiscales del caso, Acuña y Luis Piñánez, imputaron ayer a Ramírez Doldán por el delito de tráfico de influencias y solicitaron su prisión preventiva. El hombre, que en las negociaciones se presentaba como relator de Bajac, pero en realidad era un técnico administrativo asignado a facilitadores judiciales, se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Ante la prensa, aseguró ser inocente.
La Fiscalía está analizando todas las evidencias recabadas, entre ellas diversas grabaciones al imputado.
Fuente UH