Alejandro Urbieta sigue en el cargo pese a la persistencia de la ciudadanía que exige su renuncia. Los pobladores reclaman, pero el poder político de los Urbieta, más la mayoría en la Junta, le posibilita seguir en el puesto.
Ni la Nochebuena ni la Navidad impidieron la movilización ciudadana que exige la renuncia del intendente municipal de Concepción, Alejandro Urbieta, que hasta ahora soporta la serie de escraches sin aceptar la renuncia.
El grupo de ciudadanos exigen la renuncia del intendente liberal y la intervención de la administración. La Junta Municipal había solicitado una auditoría a la Contraloría General de la República hace dos meses, pese a eso, jamás llegaron los auditores.
Los ciudadanos indignados creen que influye el poder político del diputado colorado Luis Urbieta, hermano del intendente liberal, Alejandro Urbieta, y el poder económico del clan encabezado por Hugo Urbieta, padre de las citadas autoridades.
Incluso, las denuncias ante la Fiscalía que pesan sobre el intendente y el ex gobernador y actual diputado Alejandro y Luis, respectivamente, fueron derivados al Ministerio Público con sede en Asunción, hecho que llama la atención de los manifestantes, que consideran que entra en juego la influencia de la familia Urbieta con el fiscal adjunto de Concepción, Augusto Salas.
Los indignados reclaman la venta del Puerto Nanawa por 700.000 dólares a la empresa TLP (creen que hubo un negociado en complicidad con los concejales municipales y que el precio fue mucho más elevado), el pésimo estado de la ciudad, calles destrozadas, obras mal ejecutadas, falta de transparencia, incumplimiento de la Ley a la información pública, cuantiosas deudas a la caja de jubilaciones, falta de transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, procesos judiciales que soporta el intendente por desacato judicial, apropiación y lesión de confianza, entre otros.
A los concejales municipales los ciudadanos les reclaman su falta de control de la ejecución presupuestaria, el alto monto que reciben por dieta y gastos de representación (G. 14.000.000) más cobro de aguinaldo, mientras los funcionarios municipales cobran sus salarios dos meses atrasados y en cuotas.
Actualmente solo son 5 los ediles que mantienen su postura en pedir la intervención y ellos son Javier Vergara, Rodolfo Villalba, César Samudio, Ytalo Centurión (ANR) y Héctor González (PLRA).
Los demás integrantes de la Junta Municipal apoyan al intendente en todas sus gestiones. Ellos son Blas Enrique Paniagua (ANR), Gustavo Bonzi, Estrella Quevedo, Sisinia Silva, Miguel Domínguez, Asunción Carballo y Epifanio Ávalos (PLRA).
Pese a todo, los indignados sostienen que no descansarán hasta el logro de su objetivo.
Fuente: Ultima Hora