La Junta Municipal de forma unánime aprobó el acta de la sesión del pasado martes quedando firme de esta manera el pedido de intervención a la administración municipal de Alejandro Urbieta.
Bajo un estricto control policial se llevo acabo la sesión de la Junta Municipal de Concepción este martes, esto debido a la presencia de los seguidores del jefe comunal y los ciudadanos indignados.
La sesión se realizó sin muchos inconvenientes y todos los concejales aprobaron el acta de la sesión pasada donde por mayoría los ediles solicitaron la intervención de la administración de Urbieta.
Los concejales oficialistas manifestaron su descontento por la determinación de los concejales Héctor González (PLRA) y Epifanío Avalos quienes votaron a favor de la intervención de la municipalidad.
«Quiero que quede claro que González y Avalos traicionaron al partido liberal y dejan vía libre al partido colorado para las próximas elecciones municipales», afirmó el concejal Gustavo Bonzi.
El edil Miguel Domínguez (PLRA) también manifestó su descontento con sus dos correligionarios.
«Son unos traidores (González y Avalos) los correligionarios deben tener en claro eso que esta gente traicionó al partido» sostuvo Domínguez.
Por otro lado el concejal colorado César Samudio sostuvo que todo lo mencionado por parte de la bancada liberal forma parte de un «lamento» debido a que ya no tienen mayoría.
«Son lamentos normales porque hoy en día ya no gozan de una mayoría y este pedido de intervención ya no tiene marcha atrás, si es posible nosotros mismos llevaremos el documento (pedido de intervención) hasta el ministerio del interior», indicó Samudio.
El pedido y los documentos serán enviados al Ministerio del Interior para el estudio correspondiente.
El Ministerio del Interior deberá pasar en el plazo de seis días los antecedentes del pedido de intervención a la Cámara de Diputados, donde una comisión especial deberá investigar los hechos denunciados y tiene que expedirse en un máximo de 15 días.
En caso de ser otorgado el Acuerdo por la Cámara Baja, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará al interventor dentro del plazo de quince días. El nominado asumirá la dirección de la municipalidad y el intendente quedará suspendido en sus funciones mientras dure la fiscalización.