Finalmente, y tras cuatro años de intensos pedidos, la Contraloría General de la República se constituyó en la Municipalidad de Concepción para auditar la gestión del intendente Alejandro Urbieta durante el año 2018.
Sin embargo, este hecho generó dudas, ya que el balance ni siquiera se ha estudiado y, por ende, los ciudadanos indignados calificaron la intervención como un intento de blanqueo a la administración municipal.
Los auditores se ubicaron en la Casa de la Cultura, donde los funcionarios municipales acercaron los documentos solicitados para el análisis. “Nosotros solo tenemos la resolución que nos habilita a hacer la auditoría del 2018 y en eso nos enfocamos”, dijo Lilian Ramírez, supervisora de los auditores.
Remarcó que verificarán los estados financieros y sus cumplimientos en todas las áreas del 2018. “En un principio venimos por una semana, vamos a trabajar por los documentos”, señaló.
Por su parte, Pedro Vera, administrador de la Comuna, destacó que ponen a consideración todos los documentos exigidos y que son de toda la gestión del año pasado. “Ponemos todo a disposición, van a verificar de todos los rubros, incluyendo Fonacide y royalties”, señaló.
Dijo que el presupuesto del año pasado de G. 28.000 millones fue ejecutado en aproximadamente 70 por ciento.
BLANQUEO. Los ciudadanos, que llevan 148 días de movilización por la renuncia del intendente y la intervención municipal, repudian lo que consideran un intento de blanqueo de la administración al ser auditada solamente la gestión del 2018. “Qué confianza vamos a tener en la Contraloría, esto ya está todo cocinado por injerencia política (acusan a Blas Llano y Dionisio Amarilla de estar detrás). Esta auditoría se preparó durante cuatro meses y nada positivo va a reflejar”, dijo Germán Rojas, comunicador y ciudadano indignado.
Señaló que el pedido de ampliación que hizo la Junta Municipal es en el marco de otro escenario y que la CGR utilizó el primer pedido realizado hace cuatro meses, en el que nunca se precisó qué años de gestión se pretendía analizar. “Las atrocidades administrativas cometidas fueron en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, que no van a ser objeto de verificación”, remarcó Rojas.
Destacó que por eso buscan la intervención, que es la instancia recomendada para esclarecer los hechos.
Según los manifestantes, el jefe comunal “no abona a la Caja de Jubilaciones, según lo establecido por ley”; es decir, descuenta a los funcionarios sus aportes y no realiza el pago correspondiente, y acusaron a Urbieta de vender el puerto Nanawa por USD 700.000, pese a que el acuerdo conciliatorio con el Ministerio de Defensa prohibía venderlo. El dinero fue usado para pagar préstamos y salarios, entre otras acusaciones. Añadieron que el balance general no refleja la deuda real ni de la Municipalidad ni la de los deudores reales.
Fuente: Ultima Hora