La organización no gubernamental Serpaj-Py solicitó por nota a diferentes instituciones del Estado que se investigue en todos los ámbitos (penales y administrativos) el fallecimiento del campesino Julián Ojeda Espínola ocurrido el 18 de diciembre pasado en Kuruzú de Hierro, departamento de Concepción.

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De acuerdo a las versiones recogidas, existen serias contradicciones entre versiones brindadas por familiares de la víctima y la versión oficial. “En el lugar pudimos recabar información que refuerza la tesis que contradice la versión oficial sobre los hechos, por lo que existen serias dudas con relación al posible enfrentamiento referido por las autoridades, y suficientes elementos que confirmarían actuaciones que constituirían violaciones de derechos humanos”, expresa parte del escrito presentado al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, con copia a los ministerios del Interior y Defensa, Comisión Permanente del Congreso, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, comisiones de Derechos Humanos del Senado y de Diputados, y a la Unidad Especializada en DD.HH. de la Fiscalía.