Es una prueba de fuego para la Justicia que, por primera vez en toda la etapa democrática, dicta prisión preventiva a un congresista, como en el caso que afecta a Ulises Quintana, diputado perteneciente al Movimiento Colorado Añetete, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Primero fue la fiscala Lorena Ledesma, quien imputó a Quintana por crímenes que tienen una expectativa de pena superior a los 5 años de cárcel. Como resistió las presiones, fue recusada, y tomó la posta Ysaac Ferreira, quien se mantuvo firme ante la decisión de su colega y, aunque la cúpula de Colorado Añetete –con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a la cabeza- lo presionó para que cambiara la carátula y pusiera delitos que permitieran las medidas sustitutivas y no la prisión preventiva.
Y es destacable la decisión y firmeza del juez de sentencia Rubén Ayal Brun, quien dictó la prisión preventiva horas después de que Quintana se hubiera presentado, por primera vez, y con unos 40 abogados defensores, posiblemente en un intento de amedrentar a la Fiscalía y el Poder Judicial, haciendo demostración de fuerza.
Lo real y cierto es que el diputado Quintana está preso en Viñas Cué, convirtiéndose así en el primer legislador que va a parar a la cárcel en estos casi 30 años de democracia, lo que constituyó una prueba de fuego para la Justicia, cuyos representantes parecen muy decididos a seguir resistiendo las presiones. Porque estas no han cesado, y, seguramente, serán cada vez más fuertes durante todo el proceso que llevará la investigación y el juicio al que se enfrenta el abdista.
Recuperar la confianza ciudadana requerirá de mucho trabajo y tiempo, y, sobre todo, un esfuerzo enorme para fiscales y jueces que quieren terminar de una vez y para siempre con la fama de que los administradores de justicia son, en su mayoría, corruptos.
Lo que ocurrió con Quintana es apenas un primer paso de esa gigantesca lucha, pero es un inicio, y nadie puede restar mérito a este hecho, porque significa que nuestro país también está avanzando hacia una Justicia para todos sus habitantes, y que los delitos serán castigados, sin importar quien los cometa, o a qué sector político pertenezca o quiénes son sus protectores.
Fuente: ADN Digital