Ante la dilatación de la Junta Municipal de la ciudad de Concepción para la entrega de los documentos que avalan los datos de la venta del ex puerto Nanawa a una empresa multinacional, una ciudadana concepcionera radicó denuncia en la Fiscalía para investigar la transacción.

Reclamo. La protesta realizada por vecinos de Concepción.
Reclamo. La protesta realizada por vecinos de Concepción.

La señora Deysi Silguero, vecina del barrio Villa Armando de Concepción, radicó denuncia el viernes pasado y pidió al agente fiscal que investigue todo el proceso relacionado con la venta del denominado ex puerto Nanawa o Saladero Cué, que mide 6,2 hectáreas, y está ubicado al Sur de la ciudad de Concepción, a orillas del río Paraguay, y que según los conocedores cuenta con un alto valor.

Silguero sostuvo que actúa en representación de un grupo de ciudadanos disconformes con la venta y que necesita más informaciones, para lo cual pidieron los documentos a la Junta Municipal.

“Manejamos la información que el valor real de las tierras es de 500.000 dólares por hectárea; sin embargo, el intendente municipal, Alejandro Urbieta, ante la presión ciudadana, informó días atrás que las seis hectáreas las vendió por 700.000 dólares”, señaló.

Informó que ante las trabas que pone la Junta Municipal para entregar las copias de las actas y resoluciones del caso, ella optó por solicitar a la Justicia que tome cartas en el asunto. ”Estamos amparados en la Ley 5282, ‘De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental’, por eso solicitamos los documentos y nos negaron”, señaló Silguero.

También solicitó que en la denuncia contra personas innominadas se dé participación a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público para realizar la investigación y esclarecer el verdadero monto de la transacción y el destino del dinero que recibió la Municipalidad.

La presidenta de la Junta Municipal, Sisinia Silva, señaló que nadie niega la entrega de documentos, pero que solo se debe respetar el proceso que estipula la ley. “Vamos a entregar en el plazo estipulado por ley (15 días)”, sostuvo.

La transacción con el predio levanta sospecha en un sector de la sociedad, más aún porque el concejal liberal Héctor González sostuvo que no recuerda ningún debate sobre la referida venta en la plenaria de la Junta.

 Fuente: Ultima Hora (Justiniano Riveros)