La Cámara de Diputados mandó al archivo ayer el pedido de intervención de la Municipalidad de Concepción, salvando de la posibilidad de destitución al intendente Alejandro Urbieta, denunciado por una serie de irregularidades. Fueron 47 en contra 16 a favor, 8 en blanco y 3 no votaron.
El vocero de la comisión que se encargó del estudio de la solicitud, el diputado de Colorado Añetete Esteban Samaniego, también investigado por malos manejos cuando era intendente, dijo que la denuncia no fue seria y que los puntos objetados por Contraloría se referían a errores administrativos, que incluso después se presentó un plan de mejoramiento, por lo que no se detectaron motivos para una intervención. “Esta comisión aconseja el rechazo”, sentenció.
Aseguró que el jefe comunal supo defender todas las denuncias realizadas por los concejales. Una de ellas señalaba que Urbieta solicitó un préstamo para una obra de desagüe pluvial, pero se utilizó para pago de salarios a funcionarios. Sobre el punto, la respuesta del acusado fue que los G. 4.315 millones prestados se destinaron en un 83% para obras y 14% para salarios de concejales.
Otra denuncia detallaba que existieron cifras multimillonarias de deudas inciertas, pero que el intendente manifestó que todas fueron realizadas con autorización de la Junta y que no hubo exceso, entre otras irregularidades.
La diputada liberal Celeste Amarilla también se mostró en contra de la intervención alegando que es inoportuno el planteamiento para cualquier municipalidad, debido a que se debe realizar una nueva elección para cubrir el cargo de intendente, lo que no se puede por la situación de pandemia y el costo para el Estado, y que lo que corresponde es acudir a la Fiscalía.
El presidente de Constitucionales, el cartista Derlis Maidana, lamentó que la oposición utilice criterios político-partidarios para defender la gestión, y que junto con Justo Zacarías y Hernán Rivas aconsejaban como dictamen en minoría la intervención de la Municipalidad, aunque este último finalmente votó por el rechazo. “Con ese criterio ya no le vamos a denunciar a nadie”, dijo en respuesta a Amarilla y sosteniendo que sí existieron irregularidades.
Por su parte, el liberal Antonio Buzarquis afirmó que el dictamen de la Contraloría no muestra indicios de hechos punibles ni daños patrimoniales. “Sí encontré algunas irregularidades administrativas, las cuales pueden ser subsanadas o corregidas con ayuda de la propia Contraloría General de la República; si buscamos irregularidades administrativas, las vamos a encontrar, no solo en el municipio de Concepción, sino en muchas municipalidades de nuestro país”, argumentó.
Fuente: Ultima Hora