Arroyito: Movilización por imputación e intervención

Ciudadanos indignados de Arroyito, departamento de Concepción, se manifestaron, ayer, frente al Ministerio Público de Horqueta exigiendo al agente fiscal la imputación del intendente Samuel González por obras fantasmas comprobadas por la Contraloría General de la República y pedir a los diputados la intervención de la administración, cuyo pedido obra en la Cámara Baja.

Un un grupo de pobladores llegó hasta Horqueta para manifestarse

El grupo de movilizados se trasladó hasta Horqueta acompañando a una de las 25 personas convocadas por la fiscalía por supuesta violación de cuarentena sanitaria, que se produjera el pasado 22 de junio en Arroyito realizando los mismos pedidos contra el administrador municipal. “Venimos a reclamar al fiscal José Luis Torres por la apertura de una carpeta fiscal contra los compañeros que se movilizaron, creemos que es una criminalización de la lucha social”, señaló el Milder Cristaldo, ciudadano indignado.

Marciano Jara, otro ciudadano indignado, destacó que el fiscal Torres nunca quiso imputar al intendente, pese a que contraloría comprobó que hubo daños patrimoniales por cerca de 500 millones de guaraníes. Destaco que el pedido de intervención que obra en la Cámara de diputados no corre y que ni siquiera se ha conformado la comisión especial para su estudio. “Acá es evidente que hay incumbencia política, ya que el intendente es colorado oficialista”, señaló, Jara.

Los indignados tienen documentos de obras fantasmas como, por ejemplo, la obra de alcantarillado frente a la Iglesia María Auxiliadora por valor de G. 95.000.000, tres aulas con estructura de hormigón armado en la Esc. N° 443 “Julio de Otaño” por valor de G. 269.000.000; una cancha de fútsal con graderías en Núcleo 3 por valor de G. 182.000.000; un baño en el colegio Julio de Otaño por valor de G. 120.000.000 y dos aulas en la Escuela Serapio Valenzuela por valor de G. 162.000.000.

No obstante, a través de la auditoría realizada por la contraloría, se halló un daño patrimonial de unos 488.000.000 de guaraníes, que ya fue comunicado (14_02-20) a la Fiscalía General de la República, cuya titular, designó al agente fiscal Osmar Legal la investigación y a José Luis Torres como coadyuvante.

Torres indicó que ya no está en sus manos la imputación del intendente, ya que el titular es su colega de Asunción. “Ellos me presionaron para imputarle al intendente, pero yo no podía hacer eso antes de tener el informe de la CGR, sin embargo, cuando el informe se presentó, la Fiscal General designó a Osmar Legal como titular y todos los expedientes fueron a Asunción”, señaló.

Respecto a la violación de cuarentena, él recibió la denuncia policial y en base a eso está llamando para la averiguación correspondiente.