Mientras la intervención se demora en la Cámara de Diputados, el equipo del intendente municipal, Alejandro Urbieta, busca evitar la intervención realizando lobby en Asunción. El grupo político acostumbra evitar controles, tal como ocurrió en el 2.015 cuando a la fuerza le corrieron de esta ciudad al propio contralor General de la República y su equipo.
Ciudadanos indignados presentaron documentos de la contraloría desde el 2.011 (primer periodo de Urbieta) hasta el 2.018 (segundo periodo y ultima auditoria de la CGR) donde figuran observaciones de graves irregularidades, que nunca fueron esclarecidas. Principalmente, la Contraloría detectó deficiencias, omisiones y hasta erogaciones sin respaldos en las rendiciones de cuentas de la Municipalidad.
También recuerda que, en el 2.015, cuando se presentaron los técnicos de la Contraloría, incluyendo al mismo Contralor, los colaboradores del intendente Urbieta no permitieron el trabajo de los visitantes, e incluso, los expulsaron de la ciudad.
Pese a todo, el intendente, Alejandro Urbieta fue reelecto para este periodo y desde el primer año de la presente administración tuvo problema con una parte de la junta y ciudadanía por sus gestiones no claras.
Desde octubre del año 2018 comenzaron movilizaciones exigiendo la renuncia, luego la intervención, recién en el diciembre de 2019, la Junta tuvo la mayoría suficiente para pedir la intervención. Sin embargo, según la denuncia de los ciudadanos indignados, a casi 8 meses, el proceso aún se dilata, primero por la cuarentena sanitaria y, ahora, en la comisión especial de diputados, donde presiona el Clan Urbieta con apoyo de Luis Urbieta, diputado colorado, hermano del intendente liberal, Alejandro Urbieta.
Entre las acusaciones resaltan un préstamo bancario de 4 mil millones de guaraníes para obras de desagües pluviales, sin embargo se usaron para pago de salarios y transferencias directas a comisiones vecinales por algunas obras ejecutadas a medias, contrato con una empresa Conserpar por unos 8 mil millones de guaraníes en el 2.016, sin que hasta la fecha hayan terminado las obras anunciadas en el proyecto, otras que se iniciaron después de la presión ciudadana, denuncias judiciales de funcionarios despedidos sin justificación, deudas a funcionarios municipales (4 meses de atraso), denuncias de la DIBEN por falta de transferencia desde 2.016, falta de transferencia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de concepción, millonarias deudas a la Caja de Jubilaciones que ya derivó a denuncias judiciales y un remate de varios terrenos municipales a la vista.
La bancada de Honor Colorado ya tiene definida su postura en relación a los votos por la intervención. “Solo falta que Añetete defina su postura y fácilmente tendremos los votos suficientes para dar fin a esta historia de Concepción”, señaló el Abog. Bernardo Villalba, asesor de Horacio Cartes e integrante de la cúpula de HC.